El asesinato de Carlos Manzo: El epitafio de un gobierno que abraza la inacción

Autor: Armando García.

Viñetas

El asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, no es solo una tragedia personal ni un capítulo más en la crónica de violencia que azota al país. Es el veredicto inapelable de un plan de seguridad federal fallido, un espejismo de “abrazos no balazos” que se desmorona ante la realidad de balas que no distinguen entre inocentes y autoridades. Manzo, un independiente valiente que se atrevió a desafiar al crimen organizado en una de las plazas más disputadas de Michoacán, pagó con su vida la negligencia de un gobierno que prometió protección y entregó vulnerabilidad. ¿Por qué lo digo? Porque los hechos, crudos y documentados, gritan lo que las conferencias matutinas intentan susurrar.

Primero, el abandono sistemático disfrazado de “relevo”. Hace apenas tres semanas, el 8 de octubre, Manzo lanzó un grito de auxilio público desde su cuenta de Facebook, dirigido directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum y al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch: “No dejen solo a Uruapan en el combate de los delitos federales”. ¿La respuesta? El retiro inexplicable de 200 elementos de la Guardia Nacional que habían llegado para reforzar la ciudad tras la captura de “El Rino”, un líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Estos efectivos, enviados en un gesto aparente de apoyo, fueron retirados en menos de dos semanas, dejando al municipio en “estado vulnerable”, como lo denunció el propio alcalde. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) lo confirmó después: fue un “relevo temporal”, y solo el 18 de octubre llegaron 100 más. Demasiado poco, demasiado tarde. Ante esta deserción federal, Manzo no tuvo más remedio que asumir la justicia por su cuenta. Autorizó operativos con “toda la fuerza del Estado” para abatir delincuentes, clausuró simbólicamente obras federales como el teleférico para presionar por armamento militar y se autoproclamó un “Bukele mexicano”. ¿Era eso lo que el gobierno quería? ¿Forzar a un alcalde a jugar de vigilante porque la Federación se lava las manos?

Segundo, la ineptitud de los protectores asignados. Manzo contaba con un esquema de seguridad reforzado: 14 elementos de la Guardia Nacional para su protección perimetral, dos vehículos oficiales y un equipo de la policía municipal de confianza. Su guardia personal, entrenada para blindarlo, falló estrepitosamente. El 1 de noviembre, en plena celebración del Festival de las Velas —un evento público con miles de personas, sin controles adecuados—, un sicario se infiltró, disparó ocho veces a quemarropa mientras Manzo se tomaba fotos con niños disfrazados de Día de Muertos, y solo después lo abatieron. Un regidor y un escolta heridos, el alcalde muerto en el hospital. García Harfuch lo admitió: los delincuentes “aprovecharon la falta de controles”. ¿Cómo es posible que 17 elementos en total —Guardia Nacional y guardia personal— no detectaran la amenaza en una plaza a reventar? Esta no es protección; es una farsa que demuestra la obsolescencia de una fuerza federal más enfocada en relevos que en inteligencia real. Manzo lo dijo claro: “No quiero ser otro más de los ejecutados”. Profético, pero ignorado.

Y tercero, el rostro más lacerante del fracaso: el asesino era un niño del sistema, reclutado por el narco en lugar de salvado por el Estado. Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de apenas 17 años, originario de Paracho, Michoacán, fue identificado como el autor material por la Fiscalía estatal. Con antecedentes de adicción y desaparecido de casa una semana antes, este adolescente —vinculado al CJNG según las indagatorias— burló la seguridad y ejecutó el atentado con un arma ligada a ataques previos en octubre. A los 17 años, Ubaldo Vidales debería haber estado en el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, recibiendo su beca mensual de 8,480 pesos, capacitándose en una empresa y construyendo un porvenir lejos de las balas.

En teoría, el programa —que ha entregado más de 3.1 millones de becas desde 2019— ataca las causas del reclutamiento: pobreza, ociosidad y falta de oportunidades en zonas como Michoacán. Pero en la práctica, falló. No hay registro de que Ubaldo Vidales estuviera inscrito; en cambio, el crimen organizado lo absorbió, como a los 145,000-250,000 jóvenes en riesgo que REDIM estima en el país. Detenciones de menores por delitos graves subieron 16% desde 2019, y en Michoacán, el reclutamiento baja las edades a 9-11 años. Jóvenes Construyendo el Futuro no es futuro; es un cheque en blanco para los cárteles, que ofrecen “identidad y pertenencia” donde el gobierno da migajas.

El asesinato de Manzo —el sexto alcalde caído este año, el tercero en Michoacán— no es un “vil atentado” aislado, como lo califica Sheinbaum en su condena tardía. Es el colapso de una estrategia que prioriza el discurso sobre la acción, que releva tropas en vez de erradicar células criminales, y que deja a los jóvenes en las garras del narco mientras presume tasas de “éxito” laborales que no tocan las raíces de la violencia.

Protestas en Morelia y Uruapan claman: “¡Manzo no murió, lo mató el Estado!”. Tienen razón. Es hora de que el gobierno federal deje de relevar excusas y asuma: sin focalización real en zonas calientes, sin tipificar el reclutamiento como delito y sin integrar inteligencia con prevención social, seguiremos contando cadáveres. Carlos Manzo merecía más que condolencias; México merece un plan que funcione, no uno que mate por omisión. ¿Cuántos alcaldes más, cuántos niños sicarios, para que el abrazo se convierta en blindaje?