Gobierno de Colima, DIF, Fiscalía y Ayuntamiento de Colima, los que más deben a Pensiones

Colima, México, Avanzada (07/02/2020).- Hasta la primera quincena de enero de este año, el Gobierno del Estado, el DIF estatal, Fiscalía y el Ayuntamiento de Colima son las entidades gubernamentales que presentan más adeudos ante el Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado.

Tan sólo la administración estatal no ha entregado al Instituto de Pensiones (IPECOL), 220 millones 772 mil pesos de las cuotas que descuenta a los burócratas estatales como al magisterio adherido a la sección 39 del SNTE.

Con esta cantidad, el Gobierno de Colima es el principal deudor del IPECOL, el cual comenzó a operar el primero de enero de 2019, como parte de la reforma que se hizo a la Ley de Pensiones.

En tanto, el DIF estatal debe 18 millones de pesos, Fiscalía, 27 millones y el Ayuntamiento de Colima, 14 millones de pesos, sin contabilizar los adeudos de los institutos municipales.

La tarde de este jueves, los diputados locales se reunieron con el titular del Instituto de Pensiones del Estado, así como el secretario de Administración, Kristian Meiners Tovar  y entre las cifras que presentaron, muestran que el gobierno ha incrementado su deuda.

Por concepto de burocracia, el gobierno adeuda al IPECOL 134 millones 046 mil pesos, mientras que por cuotas retenidas a los trabajadores del SNTE 39, el pasivo es de 86 millones 666 mil pesos.

En el encuentro, la diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio cuestionó al titular de Administración, las causas por la cuales el secretario de Finanzas, Carlos Noriega García no ha entregado las cuotas de los trabajadores al IPECOL, sin embargo Meiners se limitó a responder que el gobernador, Ignacio Peralta Sánchez está enterado de los adeudos, “y preocupado por la liquidez”.

Luego, dijo que se generarán acciones para resarcir los recursos que hacen falta, sin embargo, no ofreció ninguna fecha para ello.

Por su parte, el titular del IPECOL, Édgar Alejandro Sánchez respondió que desde octubre del año pasado propuso acciones legales para recuperar los recursos de los trabajadores, pero su acuerdo no fue aceptado por el Consejo del Instituto.