Colima, México, Avanzada (09/10/2025).- El exdiputado local de Movimiento Ciudadano, Jesús Dueñas, cuestionó la decisión del Congreso del Estado de autorizar un presupuesto de 41 millones de pesos anuales durante una década a la Fundación Teletón México para la operación del Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil (CRIT) en Colima, lo que representa una transferencia total de 410 millones de pesos en recursos públicos a una entidad privada.
Dueñas calificó como “totalmente contradictorio” que mientras hospitales y centros de salud públicos enfrentan abandono, falta de equipamiento y escasez de insumos, el Congreso apruebe un financiamiento millonario al Teletón. “Es incongruente que se privilegie a un ente privado cuando los servicios de salud que atienden a toda la población colimense están colapsados”, señaló.
El exlegislador recordó que el Instituto Colimense para la Discapacidad (INCODIS), la institución pública encargada de promover los derechos y la atención a las personas con discapacidad, cuenta con un presupuesto anual de apenas poco más de tres millones de pesos, monto insuficiente que lo mantiene con carencias de personal, infraestructura y equipamiento.
“Mientras al Teletón se le garantizarán 410 millones de pesos del erario, el INCODIS apenas sobrevive. Es un agravio para quienes por años han trabajado desde la sociedad civil y las instituciones locales por la inclusión de las personas con discapacidad”, advirtió Dueñas.
El exdiputado recordó que incluso la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha manifestado su preocupación por la entrega de recursos públicos a Fundación Teletón México, al advertir que el manejo de fondos gubernamentales por parte de un ente privado en la rehabilitación de personas con discapacidad “podría no ser lo más adecuado”.
Dueñas celebró el voto en abstención de la bancada de Movimiento Ciudadano, al considerar que la falta de transparencia sobre los términos del convenio entre el Gobierno del Estado y la Fundación Teletón genera incertidumbre respecto al destino y uso de los recursos públicos.
“No estamos en contra del CRIT ni de que se sumen esfuerzos para atender a las personas con discapacidad, pero el uso discrecional del dinero público obliga a exigir rendición de cuentas. No podemos permitir que la discapacidad se utilice como escudo para justificar decisiones opacas o posibles actos de corrupción”, concluyó.