Manzanillo, México, Avanzada (08/10/2025).- Organizaciones civiles exigieron la suspensión inmediata del proceso de ampliación del puerto de Manzanillo hacia la Laguna de Cuyutlán hasta que se cuente con información completa, verificable y accesible, y se realice una consulta pública presencial, incluyente y transparente.
“Exigimos no aprobar este proyecto hasta que se solucionen los problemas socioambientales del puerto ya existente y se garantice que la ampliación sea realmente sustentable y segura”, señalaron en un documento dado a conocer este miércoles en rueda de prensa.
Los firmantes, entre quienes se encuentran 18 grupos de ambientalistas, pescadores, salineros y agricultores, manifestaron su rechazo a la forma en que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) llevó a cabo la consulta pública sobre la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto de expansión del puerto de Manzanillo, al considerar que el proceso fue excluyente, irregular y carente de transparencia.
Denunciaron que el periodo de participación ciudadana, que concluyó este 8 de octubre, se convirtió en una simulación que vulneró los derechos ambientales y sociales de la población local, particularmente de las comunidades aledañas a la laguna de Cuyutlán.
Asimismo, cuestionaron el hecho de que la consulta se haya realizado únicamente en modalidad en línea, a través de la plataforma digital de la Semarnat, lo que, según las organizaciones, dejó fuera a una gran parte de la población directamente afectada, que carecen de acceso a internet o de los conocimientos técnicos necesarios para participar.
“Este formato impide la participación de quienes viven de las actividades económicas que se verán más impactadas por el proyecto, configurando una consulta excluyente y discriminatoria”, señala el documento dado a conocer este miércoles en rueda de prensa.
Además, las agrupaciones reportaron fallas técnicas constantes en la plataforma: errores al subir archivos o registrar comentarios, pérdida de información y limitaciones en el tamaño de los documentos que pueden adjuntarse, deficiencias que obstaculizaron la transparencia y la participación efectiva de la ciudadanía.
También criticaron la manera “atropellada y descoordinada” en que se han desarrollado las reuniones de trabajo vinculadas a los instrumentos de ordenamiento territorial, pues en el caso de Manzanillo el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (PMOTDUM) fue aprobado en 2024 y publicado en 2025, con menos de un año de vigencia, pero las autoridades ya pretenden modificarlo para permitir nuevos aprovechamientos vinculados con la expansión portuaria, como patios de camiones, contenedores y bancos de material.
Los denunciantes advirtieron que el proyecto se impulsa con premura y sin garantizar el derecho a la información ni a la participación ciudadana. “Todo apunta a que las instituciones están acelerando los tiempos deliberadamente para facilitar el avance de la obra”, acusan.
Asimismo, reprocharon la falta de información sobre los impactos acumulativos y las consecuencias sociales y ambientales de la ampliación portuaria, pues tras la primera expansión Manzanillo enfrenta graves problemas que no han sido atendidos, como escasez de agua, contaminación atmosférica y marina, saturación vial por el tráfico de tráileres, deficiente manejo de residuos, pérdida de biodiversidad y exclusión de los pescadores de la laguna de San Pedrito.
“Resulta inadmisible que se pretenda avanzar con una nueva ampliación sin haber resuelto los daños previos ni garantizar que no se repitan. Esto no es sólo un trámite, son nuestras vidas las que están en juego”, advirtieron.
Entre las irregularidades más graves, señalaron que las obras de dragado comenzaron desde enero de 2025, pese a que aún no se contaba con la autorización en materia de impacto ambiental ni se había realizado la consulta pública. Como prueba, citaron una publicación del 22 de enero en la página oficial del Gobierno de México donde se anunciaba el arranque del dragado del proyecto “Puerto Nuevo Manzanillo-Cuyutlán”.
Otra irregularidad detectada es la existencia de licitaciones publicadas en la plataforma Compranet, con fechas de inicio de obras programadas para el 22 de noviembre, lo que, según los inconformes, demuestra que las decisiones ya están tomadas mientras el proceso de consulta continúa.
Durante la única reunión pública informativa, realizada el pasado 2 de octubre, las autoridades se limitaron a exponer aspectos técnicos del proyecto sin explicar las medidas de mitigación ni los impactos sociales y ambientales acumulativos. “El documento presentado sólo contempla la obra de expansión, sin incluir su operación ni los efectos colaterales”, indicaron.
Entre las omisiones destacadas, las organizaciones mencionaron la falta de planes para manejar el incremento del tráfico de tráileres, el manejo de residuos y emisiones, el suministro de agua en una zona con estrés hídrico severo, así como la ausencia de estudios sobre las consecuencias para la pesca, la producción de sal y la salud de las comunidades.
Denunciaron además intentos de extorsión y soborno por parte de representantes de la Secretaría de Marina hacia líderes pescadores y salineros, lo cual —aseguran— fue mencionado durante la reunión del 2 de octubre.
Los firmantes reiteraron su rechazo a lo que calificaron como “una simulación apresurada para legitimar decisiones ya tomadas” y demandaron respeto a los derechos de participación, acceso a la información y justicia ambiental de las comunidades de la laguna de Cuyutlán.
Entre quienes suscriben el pronunciamiento se encuentran Salineros de Colima, Vigilemos Manzanillo, Pura Vida, Demarem, Salvemos la Laguna, Casa Común de la Pastoral Social Diocesana, Jalipa Comunidad Verde, Colima resiste del Mar al Volcán y Laguna Viva.