Ciudad de México, Avanzada (04/08/2025).- El diputado federal Ernesto Núñez Aguilar, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa para tipificar como delito la atribución falsa de paternidad, proponiendo penas de uno a cinco años de prisión y multas de hasta mil días de salario, así como la reparación del daño económico para los hombres afectados.
La propuesta busca adicionar el artículo 390 Ter al Código Penal Federal y está sustentada en casos documentados en los que hombres han sido engañados para asumir responsabilidades de crianza, manutención o filiación de menores que no son biológicamente suyos. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia, con opinión de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia.
“Existen causales que indican que cierto porcentaje de la población masculina ha sido víctima de engaño en cuanto a su paternidad”, argumenta Núñez en la exposición de motivos. Entre las principales causas, el legislador señala infidelidad en relaciones conyugales y la falta de mecanismos legales para reparar el daño económico y emocional a los afectados.
La iniciativa plantea dos conductas específicas como punibles:
1. Registrar a una persona atribuyendo a un tercero la paternidad que no le corresponde.
2. Ocultar, transferir o adquirir bienes o ingresos valiéndose de la existencia de menores derivados de una relación conyugal.
Además de la sanción penal, se contempla una indemnización obligatoria, equivalente a las cantidades pagadas por concepto de alimentos u otras obligaciones asumidas por error, así como medidas de reparación patrimonial.
Durante la exposición, el diputado citó un estudio publicado en el Journal of Medical Ethics en 2016, el cual estimó que en Reino Unido 1 de cada 50 hombres cría sin saberlo a un hijo que no es suyo, señalando que estos casos no son exclusivos de un país o cultura.
Asimismo, con base en cifras del INEGI, recordó que en México más de 17.8 millones de hombres entre 20 y 54 años fueron padres en 2017, lo que refuerza —dijo— la necesidad de proteger legalmente a quienes enfrentan este tipo de fraude.
Si bien la propuesta reconoce que el interés superior de la niñez debe prevalecer, aclara que esto no debe permitir el abuso legal o económico de personas a quienes se impone la paternidad sin sustento biológico.
“Así como se protege el derecho de los menores a una vida digna, también deben protegerse los derechos patrimoniales y personales de quienes han sido engañados y han asumido obligaciones que no les corresponden”, subrayó el legislador del PVEM.
De ser aprobada, esta reforma abriría la puerta para que los hombres afectados por falsa paternidad puedan demandar reparación del daño y evitar que se repitan situaciones que, según Núñez, constituyen una forma de estafa parental.