Burócratas desatienden a comunidades aledañas al proyecto del megapuerto

EDITORIAL

Desde hace más de un mes, lugareños de los alrededores del sitio donde se pretende ampliar el complejo portuario de Manzanillo, en el Vaso II de la Laguna de Cuyutlán, entregaron oficios a autoridades de los tres niveles de gobierno para exigirles que no se aprueben obras, ordenamientos territoriales ni cambios de uso de suelo relacionados con esa obra, sin antes llevar a cabo una consulta previa, libre e informada con las comunidadesque podrían resultar afectadas.

A pesar de que las solicitudes fueron entregadas formalmente por los canales oficiales a diversas autoridades, entre ellas la gobernadora del estado, Indira Vizcaíno Silva; a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena Ibarra, y al presidente municipal de Armería, Cruz Méndez González, lo preocupante es que hasta la fecha ninguna de esas autoridades les ha dado respuesta ni se ha pronunciado al respecto.

Acompañados por la asociación civil Defensores del Medio Ambiente y Recursos del Mañana (DemaremA.C.), los pobladores pidieron también un estudio ambiental riguroso y transparente, con participación de especialistas y de la ciudadanía, así como que se concrete la declaratoria de Área Natural Protegida de los vasos III y IV de la laguna y del Estero Palo Verde, ecosistemas cuya protección ya ha sido planteada por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).

Y es que así como las comunidades de la zona lo están haciendo notar, las autoridades no deben perder de vista que la laguna constituye uno de los humedales más importantes del Pacífico mexicano y sustenta actividades tradicionales como la pesca, la producción salinera, la agricultura y el turismo local, por lo que el nuevo proyecto portuario representa un riesgo de ecocidio y etnocidio en la región.

Bajo esas circunstancias, el silencio institucional frente a las peticiones de los habitantes de los alrededores se convierte en un hecho escandaloso y una falta de respeto por parte de los servidores públicos hacia la población que depende directamente de la laguna.

Las advertencias por parte de los defensores del medio ambiente son claras en el sentido de que el megaproyecto amenaza no solo la biodiversidad, sino también la permanencia de formas de vida ancestrales de los pueblos de la región, por lo que frente a esa situación hicieron un llamado a los medios de comunicación a dar visibilidad a la problemática y acompañar la denuncia de las comunidades.

Un punto fundamental es también entender que, como lo postula la organización Demarem A.C., la defensa de la Laguna de Cuyutlán trasciende el ámbito local y debe asumirse como una causa de interés nacional, pues lo que está en juego es la vida misma de la laguna y de los pueblos que la habitan.

Pero no se trata de que sean únicamente las autoridades quienes escuchen las demandas de las comunidades cercanas al área destinada para el megaproyecto portuario, pues la preocupación por los impactos ambientales y las consecuencias en la calidad de vida debe ser de toda la sociedad, cuyos integrantes en mayor o menor medida sufriremos los daños que se generen por haber permitido, con la indiferencia y la apatía, el desarrollo de infraestructura no amigable con el medio ambiente.