El general en retiro Gerardo Mérida Sánchez obtuvo una suspensión judicial que impide, por ahora, cualquier intento de captura o extradición hacia Estados Unidos, donde enfrenta acusaciones por presuntos vínculos con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.
Sinaloa, México, Avanzada (07/05/2026).- Un juez federal concedió una suspensión de plano al general en retiro Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, con el fin de evitar su posible detención o extradición a Estados Unidos, país que lo acusa de mantener presuntos nexos con integrantes de “Los Chapitos”.
La medida fue otorgada por Rafael Linares Rivera, titular del Juzgado Tercero de Distrito en Michoacán, dentro del juicio de amparo 539/2026, promovido por el exfuncionario.
De acuerdo con la resolución judicial, la suspensión busca impedir actos relacionados con la “detención provisional, aseguramiento, localización”, así como cualquier procedimiento orientado a concretar una eventual extradición hacia territorio estadounidense.
“Con apoyo en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se suspende de plano y de oficio la extradición del quejoso Gerardo Mérida Sánchez”, establece el acuerdo emitido por el juzgado federal.
La protección judicial permanecerá vigente, al menos, hasta la audiencia constitucional programada para el próximo 1 de junio. Asimismo, el juez precisó que el exsecretario deberá mantenerse a disposición del órgano jurisdiccional únicamente en lo referente a su libertad personal.
Mérida Sánchez es señalado por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York de haber recibido sobornos superiores a 100 mil dólares mensuales durante su gestión al frente de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, cargo que desempeñó entre septiembre de 2023 y diciembre de 2024.
Según la acusación presentada por el Departamento de Justicia de E.U., el militar retirado habría colaborado con la facción de “Los Chapitos”, encabezada por hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, a cambio de pagos periódicos.
Entre los delitos que se le imputan se encuentran conspiración para importar narcóticos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como conspiración para poseer ese tipo de armamento. Las autoridades estadounidenses advierten que dichos cargos podrían derivar en una sentencia de cadena perpetua, además de una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión.