EDITORIAL
Triunfalista, la presidenta Claudia Sheinbaum se colocó esta semana en el podio del optimismo para celebrar lo que calificó como una “hazaña” de Andrés Manuel López Obrador y la Cuarta Transformación: la reducción de la pobreza en México, según cifras del Inegi.
En su conferencia matutina, la mandataria no escatimó adjetivos para enmarcar el suceso, al que calificó de “extraordinario”, “histórico” y “humanista”. Habló de justicia social, de bienestar y de que “ningún mexicano viva en la pobreza”. Se refirió a más de 13 millones de personas que, de acuerdo con las mediciones, dejaron de estar en esa condición entre 2018 y 2024.
Pero en su relato hubo un vacío notable, esto es, el deterioro sin precedentes en el acceso a los servicios de salud durante el mismo periodo. Un indicador que, según lo advierte el propio Inegi en su estudio, resulta central para evaluar la pobreza multidimensional, pues no es una cifra seca en una hoja de Excel, sino un termómetro del cumplimiento de un derecho humano básico.
Entre 2018 y 2024, el número de personas con carencia de acceso a servicios de salud pública pasó de 20.1 a 44.5 millones. Sí, más del doble. En términos porcentuales, la proporción de mexicanos sin acceso a la salud creció de 16.2 por ciento a 34.2 por ciento en apenas seis años. Es decir, mientras el gobierno de Sheinbaum presume que la 4T sacóa millones de la pobreza, guarda silencio sobre el hecho de que otra carencia fundamental, vinculada directamente con la misma medición, se agravó de manera dramática.
Esa realidad que se percibe a escala nacional, se refleja en proporciones muy parecidas en la situación del estado de Colima, pues de acuerdo con la información publicada por Avanzada, ha disminuido la población en situación de pobreza, pero también es irrefutable que se ha incrementado de manera notable el número de habitantes con menor acceso a los servicios de salud.
Ese retroceso, tanto en Colima como en el país, tiene un origen claro: la desaparición del Seguro Popular y la fallida implementación del Insabi, que en teoría sería reemplazado por el IMSS-Bienestar. La transición dejó un vacío institucional que millones de mexicanos resintieron en carne propia, sobre todo en zonas rurales, donde la población sin acceso a salud pasó de 4.2 a 13.9 millones. En las ciudades, el salto fue de 15.9 a 30.6 millones.
Sheinbaum, al igual que su antecesor, elige poner el reflector donde la luz es más favorecedora políticamente. Pero la pobreza multidimensional no se mide sólo en unos pesos más en el bolsillo o en programas sociales, sino también en la posibilidad de atenderse una enfermedad sin quedar en la ruina o, simplemente, sin morir en el intento.
El Inegi, cabe subrayar, recordó en su propio informe que la medición del acceso a la salud “refleja el elemento esencial del derecho” a ese servicio. Sin embargo, la presidenta omitió esa parte de la ecuación y se concentró en el dato que le sirve para alimentar el relato de continuidad de la Cuarta Transformación.
Asimismo, es más preocupante todavía el hecho de que el triunfalismo oficial no sólo ignora los saldos negativos, sino que intenta imponer una narrativa única en la que todo es avance, todo es éxito, todo es “hazaña”. No obstante, el problema es que la realidad no se ajusta al discurso, y los mexicanos que hoy carecen de acceso a la salud lo saben de primera mano.
La reducción de la pobreza, si se acepta sin matices, puede ser motivo de satisfacción. Pero celebrarla sin reconocer que más de 44 millones viven al margen del derecho a la atención médica pública es, como mínimo, un ejercicio de autocomplacencia política.
En pocas palabras, el gobierno está celebrando que hay menos pobres, pero al mismo tiempo calla que hay más enfermos sin quién los atienda. Y eso, en cualquier medición seria de bienestar constituye un preocupante y grave retroceso que no se puede maquillar con discursos, mucho menos se puede tapar con un dedo.