Álvaro Uribe, primer expresidente condenado en Colombia: 12 años de prisión domiciliaria por fraude y soborno

El expresidente Álvaro Uribe fue condenado a 12 años de prisión domiciliaria por manipulación de testigos y fraude procesal, en un fallo histórico que lo convierte en el primer exmandatario colombiano sentenciado penalmente. La decisión desató una ola de reacciones políticas y sociales que agudizan la polarización en el país.

Colombia, Avanzada (02/08/2025).- En una decisión sin precedentes, la justicia ordinaria colombiana condenó al expresidente Álvaro Uribe Vélez a 12 años de prisión domiciliaria por su responsabilidad en los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. El fallo, dictado por la jueza Sandra Heredia del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, también lo inhabilita por más de ocho años para ocupar cargos públicos y le impone una multa superior a los 3.400 millones de pesos colombianos (unos 837 mil dólares).

La jueza ordenó el traslado inmediato del exmandatario a su residencia en el municipio de Rionegro, Antioquia, donde deberá cumplir la condena bajo vigilancia judicial. Uribe, de 73 años y figura emblemática del partido derechista Centro Democrático, se convierte así en el primer exjefe de Estado colombiano en ser condenado penalmente, en un caso que los medios locales han bautizado como “el juicio del siglo”.

Durante la audiencia de lectura del fallo, la jueza Heredia señaló que se comprobó la existencia de una estrategia deliberada por parte del expresidente para manipular a testigos, mediante intermediarios, con el objetivo de limpiar su imagen y desligarse de presuntos vínculos con el paramilitarismo. Entre los testigos clave del proceso se encuentra Juan Guillermo Monsalve, un exparamilitar que habría sido presionado para modificar su testimonio.

El origen del caso se remonta a 2012, cuando Uribe denunció al entonces senador Iván Cepeda por supuesta manipulación de testigos. La Corte Suprema, sin embargo, desestimó la denuncia y terminó abriendo una investigación contra el propio Uribe. En 2020, el expresidente renunció a su curul en el Senado para permitir que su proceso pasara a manos de la justicia ordinaria, lo que reactivó el expediente bajo el mando de la fiscal general Luz Camargo, nombrada por el presidente Gustavo Petro.

La condena, que supera incluso la pena solicitada por la fiscal del caso, Marlene Orjuela, causó controversia desde el inicio de la audiencia debido a la filtración previa del fallo. La jueza acusó a uno de los hijos de Uribe de haber compartido el documento de forma anticipada, lo que generó tensiones adicionales.

La defensa del exmandatario calificó la resolución como “parcializada” y anunció que apelará la sentencia ante el Tribunal Superior de Bogotá. Uribe tendrá hasta el 13 de agosto para presentar sus argumentos de inconformidad.

Mientras tanto, su partido convocó a movilizaciones en su apoyo para el próximo 7 de agosto, una fecha simbólica en Colombia. La polarización no se hizo esperar: mientras algunos sectores defienden la inocencia de Uribe y denuncian una supuesta persecución política, otros celebran la decisión judicial como un paso hacia la reparación de la justicia en el país.

El impacto político de la sentencia es innegable. La figura de Uribe, quien gobernó Colombia entre 2002 y 2010, ha marcado la vida pública del país durante más de dos décadas. La condena influye ya en el tablero electoral rumbo a las presidenciales de 2026, donde nombres como el de Iván Cepeda —quien hoy considera lanzarse por la presidencia— empiezan a posicionarse con fuerza.

El caso también ha reavivado la confrontación entre Uribe y el actual presidente Gustavo Petro, con quien mantiene una larga rivalidad marcada por denuncias cruzadas y constantes enfrentamientos discursivos.

Esta histórica resolución no solo sienta un precedente jurídico, sino que representa un punto de inflexión en la lucha contra la impunidad en Colombia, en un contexto donde la figura presidencial parecía hasta ahora intocable.