A diez años del caso Narvarte, persiste la impunidad y la exigencia de justicia

México, Avanzada (01/08/2025).- A una década del asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa y de los feminicidios de Mile Virginia Martín, Yesenia Quiroz, Nadia Vera y Alejandra Negrete, perpetrados el 31 de julio de 2015 en la colonia Narvarte de la Ciudad de México, la impunidad continúa marcando el rumbo del caso. Ni el móvil del crimen ha sido esclarecido ni se ha identificado a todas las personas responsables, tanto materiales como intelectuales, según denunció la organización ARTICLE 19 junto con familiares de las víctimas.

En un comunicado difundido este miércoles, ARTICLE 19 acusó que durante estos diez años las autoridades han sido omisas, negligentes y revictimizantes. La investigación ha estado plagada de irregularidades: filtraciones de información, omisiones en actos clave, estigmatización a las víctimas y pérdida de pruebas fundamentales.

Desde un inicio, se descartó cualquier relación entre el crimen y la labor periodística de Rubén Espinosa o la defensa de derechos humanos que realizaba Nadia Vera. Ambos huyeron de Veracruz tras recibir amenazas en un contexto de represión durante el gobierno de Javier Duarte, señalado por ser uno de los más letales contra la prensa.

A pesar del tiempo transcurrido, ninguna administración —federal o capitalina— ha mostrado voluntad política para esclarecer el caso. Han pasado cinco titulares por la entonces Procuraduría capitalina, hoy Fiscalía, sin avances sustanciales. Fue hasta 2021, por insistencia de las familias, que se accedió a copias completas de la averiguación previa y a evidencia digital retenida durante más de seis años.

El análisis de esta información reveló la participación de al menos diez personas en una operación planificada, el uso de un segundo vehículo, y posibles actos de encubrimiento desde dentro de las instituciones. Pese a ello, la Fiscalía solo reconoció estos hallazgos cuando fueron revelados públicamente en 2022.

Además de exigir que se agoten las líneas de investigación relacionadas con Veracruz, la trata de personas y el crimen organizado, las familias demandaron sanciones para los funcionarios que filtraron o manipularon pruebas. Hasta ahora, ninguno ha sido castigado.

En 2017, la entonces Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió la Recomendación 4/2017, en la que documentó múltiples violaciones a derechos humanos. Ocho años después, esa recomendación sigue sin cumplirse.

“La memoria se siembra en las calles. Y así florece”, concluye el comunicado, que insiste en que la búsqueda de verdad y justicia sigue pendiente.