Incapacidad o prepotencia policial, riesgo en las calles

EDITORIAL

El reciente incidente ocurrido el jueves pasado en la avenida Anastasio Brizuela, frente al Parque Regional de Colima, en el que una pareja, Samara G.C. y su esposo, fue detenida arbitrariamente por elementos de seguridad pública, pone nuevamente sobre la mesa un tema urgente: los excesos cometidos por algunas corporaciones policiacas en el trato hacia la ciudadanía.

Bajo el argumento de una supuesta sospecha de delito, policías estatales armados, encapuchados, y con uniforme táctico detuvieron, interrogaron y revisaron sin justificación alguna a dos personas que simplemente transitaban por la vía pública. Todo quedó grabado en un video que circuló en redes sociales, y publicado en Avanzada, generando indignación, porque no hubo orden de detención, ni denuncia en curso, ni señalamiento claro, solo un uso discrecional y prepotente del poder.

Este tipo de actos no son aislados. Responden, en muchos casos, a dos factores que deben ser abordados con seriedad. Por un lado, la falta de capacitación y criterio de los agentes para discernir entre una conducta sospechosa y un ejercicio legítimo de las libertades ciudadanas; por el otro, una cultura institucional del abuso, donde el uniforme otorga al portador una falsa superioridad que lo hace creerse por encima de los derechos civiles.

Ambas causas son peligrosas no solo para el ciudadano, que puede sentirse humillado, intimidado o incluso en riesgo por una simple revisión sin sustento. También lo son para el propio policía, quien opera con una carga laboral excesiva, bajos salarios, ansiedad por los riesgos del oficio y una constante exposición al estrés. Es muy probable que detrás de cada intervención injustificada puede haber un ser humano agotado, desmoralizado o entrenado solo para reaccionar, no para pensar.

En un entorno como el que se vive actualmente en Colima y en todo el país, marcado por una creciente desconfianza social y una violencia generalizada, la línea entre un acto preventivo y una violación de derechos es demasiado delgada. Basta un mal gesto, una palabra inapropiada o una interpretación errónea de los hechos para detonar una tragedia.

Por eso, es momento de repensar no solo los protocolos de actuación, sino la propia formación ética y humana de quienes portan un arma y ostentan autoridad. Las revisiones sin motivo, los retenes arbitrarios, las detenciones por “sospecha” y las actitudes altaneras no abonan a la seguridad. Por el contrario, deterioran la relación entre la sociedad y las instituciones encargadas de protegerla.

La calle no es un campo de batalla. Es un espacio público donde todos, uniformados o no, debemos movernos con respeto. Si una persona comete un delito, que se actúe conforme a derecho, pero si alguien simplemente camina, pasea o va a su trabajo, el Estado no tiene por qué convertirlo en sospechoso por default.

La seguridad no puede construirse desde la intimidación, y mucho menos desde la impunidad de los malos elementos. El respeto mutuo entre ciudadanos y policías es un pilar fundamental para la convivencia democrática, y ese respeto empieza por reconocer que la autoridad no exime a nadie del cumplimiento de la ley, sobre todo cuando esa ley protege la dignidad humana. Si no entendemos esto pronto, corremos el riesgo de que la calle se convierta en lugar de mayor peligro y no en el espacio libre y seguro que todos los ciudadanosmerecemos.