Manzanillo: El bienestar no se construye solo con casas

Editorial

En el municipio de Manzanillo se está desarrollando una paradoja profundamente reveladora del modo en que las autoridades conciben el bienestar: en nombre del derecho humano a la vivienda, se pretende sacrificar otros derechos igualmente fundamentales —el acceso al deporte, a la recreación y a un medio ambiente sano—. Esta contradicción ha estallado con fuerza en la delegación de Santiago, donde la Unidad Deportiva Infantil “Los Altos” se encuentra bajo amenaza por el proyecto Vivienda para el bienestar, promovido por el gobierno federal y respaldado por el Ayuntamiento morenista.

¿Se puede proteger un derecho legítimo como la vivienda pisoteando otros también esenciales? ¿Dónde queda el principio de progresividad de los derechos humanos, que prohíbe retroceder en los logros sociales alcanzados?

El caso de Los Altos ejemplifica el tipo de decisiones verticales, autoritarias y ajenas al territorio que aún marcan las políticas públicas. El predio en disputa, de casi cuatro hectáreas, fue entregado por el Cabildo de Manzanillo para el desarrollo habitacional, cambiando su uso de suelo pese a que desde 2016 funciona, aunque de forma incompleta, como la única unidad deportiva disponible para más de 6 mil personas en esa zona.

La comunidad se enteró del plan por modificaciones en el terreno que, a partir de febrero de este año, comenzaron a afectar el 50% del espacio. El enojo creció cuando la propia presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, durante su visita el 2 de marzo, aseguró —con vehemencia y sin margen para la duda— que la unidad deportiva “no sólo se va a respetar”, sino que se construirían “tres nuevas canchitas”. Pero apenas tres meses después, el 6 de junio, el Cabildo aprobó el cambio de uso de suelo. La promesa presidencial quedó hecha trizas frente a los hechos.

Hoy, gracias a un juicio de amparo promovido por vecinos organizados y respaldados por la regidora Martha Zepeda del Toro, quien ha dado la batalla en el Cabildo, un juez federalotorgó una suspensión provisional que impide a autoridades municipales, estatales y federales realizar cualquier intervención con fines habitacionales en el predio. El argumento es claro: tanto la legislación estatal como la federal prohíben que los espacios verdes cambien de uso, y el acceso a áreas deportivas y de convivencia está protegido constitucionalmente.

Detrás de esta lucha, hay una defensa legítima y pacífica del tejido social. Claudia Pizano, integrante del comité vecinal, lo resume con claridad: “Ha sido una resistencia desde el derecho a cuidar, proteger y generar espacios para nuestras infancias y familias. No somos acarreadas; somos mujeres organizadas que defienden su comunidad”.

La Unidad Deportiva Infantil “Los Altos” no es sólo un terreno: es un espacio de identidad, de salud física y mental, de convivencia comunitaria, en un entorno urbano que ha crecido sin orden ni planeación. Destruirlo en nombre de la vivienda revela una visión limitada de lo que significa el bienestar.

Porque el bienestar no se construye solo con casas. Se construye también con parques, canchas, árboles, cultura, deporte y vida comunitaria. El desarrollo no debe oponer derechos entre sí, sino integrarlos. Si se permite que el derecho a la vivienda justifique la destrucción de un espacio público, se abre la puerta a que cualquier otro derecho pueda ser barrido en nombre de una prioridad gubernamental.

El Estado tiene la obligación de garantizar todos los derechos humanos de manera armónica, sin jerarquizar unos sobre otros. Es su responsabilidad planificar de forma integral, con participación social efectiva y con apego a la ley. Lo que hoy ocurre en Manzanillo es una alerta que debe encender el debate nacional sobre cómo y para quién se diseñan las políticas de bienestar.

La lucha de Los Altos no es contra la vivienda; es contra la exclusión, la mentira y el despojo disfrazado de progreso. Y por eso, su causa merece ser escuchada.