Inhabilitaciones revelan vacíos en la reparación del daño

Colima, México, Avanzada (20/07/2025).- En los últimos años, las autoridades en Colima han dictado sanciones de inhabilitación para ejercer el servicio público contra diversos exfuncionarios, tras acreditarse responsabilidades en actos de corrupción, peculado o mal manejo de recursos públicos. Estas sanciones han sido impuestas tanto por la vía administrativa como por resoluciones judiciales.

Uno de los precedentes más relevantes ocurrió en 2022, cuando la Fiscalía Anticorrupción del Estado logró que un juez penal condenara a dos exservidores públicos del Ayuntamiento de Colima, quienes fueron hallados culpables del delito de peculado. Además de la pena de prisión, se les impuso una inhabilitación por más de seis años y la obligación de reparar un daño patrimonial cercano a los 670 mil pesos.

En otro caso del ámbito municipal, el exoficial mayor del Ayuntamiento de Colima, Sergio “N”, fue sancionado con tres años de inhabilitación y una multa superior a 1.7 millones de pesos, luego de detectarse transferencias indebidas en cuentas públicas. Junto a él, otros exfuncionarios municipales también recibieron sanciones similares por su presunta participación en los hechos.

A nivel estatal, uno de los casos más significativos fue el del exgobernador Mario “N”, a quien el Congreso del Estado impuso una inhabilitación por 14 años para desempeñar cargos públicos, además de una sanción económica 515 millones de pesos, derivada de irregularidades detectadas en el manejo de recursos. En el mismo procedimiento legislativo, exintegrantes de su gabinete como Blanca “N”, Rafael “N” y Adriana “N” recibieron sanciones por inhabilitación y multas por montos significativos.

En algunos casos, los sancionados recurrieron al juicio de amparo. Uno de ellos, Rafael “N”, obtuvo una resolución favorable que dejó sin efectos su inhabilitación, luego de que se determinara que se violó su derecho de audiencia durante el procedimiento legislativo.

Además de los casos emblemáticos, el Congreso local y órganos fiscalizadores como el OSAFIG han emitido sanciones administrativas que incluyen inhabilitaciones de hasta cinco años para exalcaldes y exdirectivos de organismos públicos por diversas irregularidades financieras.

Aunque en estos casos la autoridad judicial ordenó la reparación del daño, como ocurrió con los exfuncionarios municipales vinculados por el desvío de más de 650 mil pesos; el ex oficial mayor y también respecto al exgobernador Mario “N”, quien fue sancionado con una multa superior a 515 millones de pesos, hasta el momento no se ha informado públicamente si esas reparaciones efectivamente se han cumplido, ni cuál es el estado actual de esos procedimientos.