Policías en Colima: entre el riesgo y la desprotección

EDITORIAL

La desaparición de la oficial Fátima del Rocío Díaz Arias, integrante de la Policía Municipal de Tecomán, ocurrida el pasado 26 de junio, representa mucho más que un caso particular. Es el reflejo crudo de una lamentable realidad: ser policía en Colima, como en todo el país, es ejercer una de las profesiones más riesgosas, precarias e ingratas que existen hoy en día, además de que es una alerta urgente sobre la manera injusta en que muchas veces se generaliza, se estigmatiza y se invisibiliza la dimensión humana detrás del uniforme.

Es evidente que no se puede ser ingenuo: hay policías coludidos con el crimen organizado. Es una verdad innegable, documentada en múltiples investigaciones periodísticas y judiciales. Sin embargo, caer en la tentación de juzgar a todos bajo esa misma óptica no sólo es injusto, sino profundamente peligroso. Porque criminalizar por sistema a los cuerpos de seguridad es una forma de revictimizar a quienes arriesgan su vida todos los días en condiciones adversas, muchas veces sin respaldo ni protección institucional.

La desaparición de una mujer policía, como ocurrió con Fátima del Rocío, quien es madre de tres hijos, debería estremecer al aparato estatal y a la sociedad. Debería generar una reflexión profunda sobre cómo se abandonan a su suerte a los agentes del orden, especialmente en municipios golpeados por la violencia como Tecomán.

Como lo evidenció en su momento Avanzada, resulta lamentable que a pesar de que la desaparición de Fátima del Rocío ocurrió hace varios días, las autoridades municipales de Tecomán no se habían pronunciado al respecto, como lo denunciaron y reclamaron sus compañeras y compañeros que realizaron un paro con exigencias relacionadas con las condiciones en que laboran.

La precariedad laboral que enfrentan muchos de ellos es alarmante porque sobreviven con salarios bajos, jornadas extenuantes, falta de prestaciones, equipos de trabajo obsoletos o inexistentes, y, lo más grave, una nula garantía de protección personal y familiar frente a las amenazas del crimen.

En Colima, donde las cifras de homicidios dolosos, desapariciones y enfrentamientos armados se han mantenido en niveles alarmantes, ser policía no es un privilegio, sino un acto cotidiano de sobrevivencia. Y ese drama humano rara vez es atendido con la seriedad que merece. Se exige mucho, se ofrece poco. Se les pide que enfrenten a organizaciones criminales con chalecos vencidos y armas inferiores. Se les ordena patrullar colonias peligrosas sin inteligencia, sin respaldo, sin garantías. Se les utiliza como carne de cañón en un conflicto donde muchas veces la línea entre legalidad e ilegalidad está rota desde arriba.

La sociedad tiene derecho a exigir cuerpos policiacos honestos y funcionales. Pero también tiene la obligación moral de reconocer que no todos los policías son corruptos ni cómplices. Muchos son mujeres y hombres que intentan hacer su trabajo con dignidad en un entorno profundamente adverso. Muchos tienen familias, hijos, aspiraciones, miedos. Muchos están tan atrapados como nosotros en un sistema que no protege a nadie, pero los expone a todos.

Negarles esa humanidad es condenarlos al olvido. Y condenarnos, como sociedad, a seguir viviendo en un estado donde nadie quiere —ni puede— protegernos, porque si dejamos solos a los policías que sí quieren hacer bien su trabajo, no habrá futuro seguro para nadie.