Indira: tres años de acusaciones sin castigo a exfuncionarios

La Gobernadora de Colima presume manejo honesto de recursos, acusa desvíos de administraciones pasadas, pero a tres años de asumir el cargo, no existen exfuncionarios sentenciados.

Colima, México, Avanzada (05/07/2025).- En su más reciente conferencia de prensa, la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, destacó lo que calificó como un manejo “honesto y eficiente” de los recursos públicos en su administración, particularmente en el Organismo Operador de Agua Potable (Ciapacov). En su intervención, la mandataria contrastó el desempeño actual con el de gobiernos anteriores, a los que acusó de haber desviado recursos públicos incluso con fines políticos.

Vizcaíno afirmó que ahora los recursos del Ciapacov “ya no se sacan para objetivos ni siquiera gubernamentales, muchas veces estrictamente políticos”, y sostuvo que antes existía un “manejo irresponsable” que derivaba en deudas para el gobierno estatal. Sin embargo, a más de tres años de haber asumido la gubernatura, la mandataria no ha obtenido sentencias condenatorias contra exfuncionarios de los presuntos desvíos.

Este reiterado señalamiento sin consecuencias legales formales pone en entredicho la responsabilidad institucional del Gobierno del Estado. La gobernadora, como representante del Poder Ejecutivo y autoridad responsable de actuar ante cualquier delito del que tenga conocimiento, está obligada a conseguir la reparación del daño, llevando los casos ante las instancias judiciales correspondientes.

Especialistas en derecho administrativo y combate a la corrupción han señalado que señalar irregularidades a través de discursos políticos no es suficiente si no se traducen en procedimientos legales que permitan investigar, sancionar y, en su caso, recuperar los recursos presuntamente desviados.

Además, Vizcaíno ha recurrido de forma constante a comparar su gestión con las administraciones pasadas como recurso discursivo para enaltecer los logros de su administración, sin que estas acusaciones se respalden con procesos jurídicos formales.

De acuerdo con sus propias declaraciones, el supuesto desvío de recursos ocurrió con anterioridad a su llegada al cargo, y hasta el momento no se conocen investigaciones abiertas ni denuncias presentadas por su gobierno ante la Fiscalía General del Estado o ante la Auditoría Superior de la Federación en relación con sus dichos.

Aunque el gobierno estatal insiste en destacar mejoras en la recaudación, control financiero y cumplimiento de obligaciones por parte del Ejecutivo ante Ciapacov, la falta de acciones legales concretas sobre presuntos delitos de corrupción en el pasado sugiere una falta de voluntad o capacidad para cerrar el círculo de rendición de cuentas y justicia administrativa.