La muerte del menor no fue un simple accidente

Editorial

Luego de la trágica muerte de un menor de doce años, este domingo 13 de abril en el interior de la Unidad Deportiva “Gustavo Alberto Vázquez Montes”, propiedad del gobierno del estado, debe realizarse una investigación seria con el propósito de deslindar responsabilidades.

Aunque se desconocen los detalles precisos de la manera como ocurrieron los hechos, la versión general que ha circulado es que el adolescente murió al caerle encima una portería mientras se encontraba jugando a atajar los balonazos que le enviaba su padre. 

Con inusual celeridad, el gobierno estatal envió un breve comunicado de prensa en el que dio cuenta de la atención brindada a la familia de la víctima, expresó sus condolencias y al menos en tres ocasiones insistió en que el hecho se trató de un “accidente”.

Evidentemente no hay elementos para afirmar que fue un hecho intencional o doloso —y nadie ha dicho eso—, pero lo que debe quedar claro es que el suceso en el que murió el menor no puede ser catalogado como un simple accidente.

EL COMUNICADO DEL GOBIERNO

“Gobierno del Estado de Colima brinda acompañamiento y apoyo a familia de adolescente que falleció en accidente en la Unidad Deportiva ‘Gustavo Vázquez’

“El Gobierno del Estado de Colima está brindando todo el apoyo requerido por la familia del adolescente de 12 años de edad que lamentablemente falleció este domingo tras una caída accidental, en la Unidad Deportiva ‘Gustavo Vázquez Montes’, en Villa de Álvarez”.

“Por instrucciones de la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, asistieron a ese lugar el secretario general de Gobierno, Eloy García Alcaraz; el secretario de Educación y Cultura, Adolfo Núñez González, y el director general de la Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC), Erick González Sánchez, quienes hablaron con el papá del menor, para ofrecer todo el acompañamiento y respaldo que pudieran requerir como familia, además de expresar sinceras condolencias por el doloroso accidente. 

“Según la versión del padre, ambos jugaban en una de las porterías móviles colocadas en uno de los campos de futbol; el padre relata que mientras fue a recoger el balón, estando de espaldas a la portería, escuchó un fuerte golpe y al voltear vio a su hijo y la portería en el suelo. Tras la caída, el menor lamentablemente perdió la vida de manera inmediata.

“El Gobierno del Estado de Colima expresó su solidaridad, y está brindando el acompañamiento y el apoyo necesario a la familia del menor.

“Las autoridades ministeriales realizan los peritajes correspondientes”.

EVASIÓN DE RESPONSABILIDADES

Por el contenido del comunicado transcrito anteriormente, da la impresión de que el gobierno estatal pretende lavarse las manos en torno a este hecho y pareciera que busca que todo quede resuelto con las condolencias y el ofrecimiento de “todo el acompañamiento y respaldo que pudieran requerir como familia”.

Pero entre las razones de que no fue un simple y lamentable accidente se encuentra la circunstancia no menor de que ocurrió dentro de instalaciones del gobierno estatal y en la tragedia intervino un elemento del equipamiento deportivo de la institución, como lo es la portería.

En su boletín, el gobierno estatal incurre en vaguedades como decir que el menor murió como consecuencia de “una caída accidental”, dando a entender que el menor cayó y murió, aunque más adelante reproduce la versión del padre en el sentido de que también la portería cayó.

No es normal que caiga una portería, a menos que no esté bien asegurada. Tendrían que investigarse las causas por las que cayó y, sobre todo, el gobierno estatal debe asumir la responsabilidad institucional por este suceso y, además del “acompañamiento y respaldo”, estaría obligado a indemnizar a la familia conforme a la legislación sobre víctimas.

Éste es un caso en el que se esperaría la intervención de oficio por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC) para procurar que se haga justicia, se cumpla con la reparación del daño y se establezcan medidas de no repetición, lo que implicaría supervisar todas las instalaciones públicas del gobierno estatal para prevenir situaciones de riesgo para los ciudadanos.