Torturan y asesinan a tres niños que estudiaban la primaria y secundaria en Guerrero

Guerrero, México, Avanzada (19/02/2025).- Por las veredas polvorientas de Xochitempa, los pasos pequeños de Mateo y Porfirio resuenan aún en el corazón de su comunidad. Pero ya no volverán a casa.

En solo 48 horas, tres niños estudiantes de primaria y secundaria fueron torturados y asesinados en los municipios de Iguala y Chilapa de Álvarez, Guerrero. Tres vidas inocentes, arrancadas brutalmente, se suman a la larga lista de víctimas de una violencia que no cesa, que se respira, que deja a las comunidades indígenas atrapadas entre el miedo y el olvido.

La tragedia comenzó el martes 11 de febrero, cuando el cuerpo de César Mendoza Duarte, de 15 años, fue hallado en un camino de terracería en El Tomatal, Iguala. El estudiante de tercer grado de la secundaria técnica Bandera Nacional yacía bocabajo, con impactos de bala en la espalda y las manos cercenadas. A su lado, cartulinas lo acusaban de haber colocado amenazas para cancelar la Feria de la Bandera Iguala 2025.

Esa misma tarde, el gobierno municipal intensificó la promoción de la feria, como si el asesinato del joven fuera solo una nota al margen. En redes sociales circuló un video aún más perturbador: César, sometido, confesando que le pagaron dos mil pesos por colocar cartulinas y granadas. Su rostro, entre el miedo y la resignación, parecía saber que esas palabras serían su sentencia de muerte.

A 60 kilómetros de Iguala, en la comunidad de Xochitempa, otros dos niños emprendieron un viaje sin regreso. Mateo, de 14 años, y Porfirio, de 12, salieron el martes 11 rumbo a Ahuixtla para comprar alimentos. Caminaban por las veredas que conocen de memoria, entre el maíz y el polvo, hasta que las balas los alcanzaron.

Nadie vio nada, nadie escuchó más que las detonaciones. No fue sino hasta el día siguiente cuando sus cuerpos fueron encontrados sobre una loma, sus pequeñas vidas apagadas sin explicación. Mateo cursaba el segundo año de secundaria; Porfirio estaba por concluir la primaria. La familia de este último estaba rota mucho antes de su asesinato: su padre, don Ignacio, desapareció en 2016, y su madre trabaja fuera del estado para poder mantenerlo.

Xochitempa es una comunidad nahua de apenas 50 habitantes, olvidada en las montañas de Guerrero. Aquí, las personas no bajan a Chilapa, porque bajar es morir. En los últimos diez años, han contado 66 asesinatos y 24 desapariciones. Contado, porque aquí la muerte es un dato que se lleva en la memoria, no en los informes oficiales.

La región vive bajo el asedio del crimen organizado. Las patrullas del ejército y la Guardia Nacional son meros espectadores de una guerra que se libra a plena luz del día. Desde Atzacoaloya hasta El Jagüey, el corredor de la muerte está controlado por grupos delictivos que se mueven con absoluta libertad, incluso utilizando drones para causar bajas entre la población civil.

Las balaceras son cotidianas. Los niños no juegan; se esconden. No estudian; sobreviven. Algunos, incluso, forman parte de la policía comunitaria, no por elección, sino por necesidad. En su corta experiencia, los niños de la Montaña aprendieron que la gente que rodea sus comunidades “es mala, porque anda armada y tira de balazos”.

El sábado, las comunidades afectadas realizaron bloqueos para exigir justicia. La respuesta oficial fue la amenaza: si continuaban, les quitarían las medidas cautelares y se procedería penalmente contra ellos. Las promesas abundan, pero las acciones no se cumplen. Ni el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas levantó la voz con firmeza ante el asesinato de Mateo y Porfirio.

En esta región de Guerrero, los niños ya no sueñan. Saben que el futuro no existe, que las balas pueden alcanzarlos en cualquier momento. Los padres, entre la pobreza y el miedo, prefieren quedarse sin los apoyos económicos a arriesgar la vida por ir a cobrar a Chilapa.

El gobierno estatal se comprometió a construir una universidad, una escuela de bachilleres, un mercado, un hospital regional. Nada de eso existe. Lo que sí existe es el sonido lejano de las ráfagas, el zumbido de los drones, el temor constante.

El jueves, familiares y amigos despidieron a Mateo y Porfirio en una ceremonia marcada por el llanto contenido de una comunidad que sabe que la justicia no llegará. En las montañas de Guerrero, los entierros de niños son más frecuentes que las risas.

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF) encabezó los bloqueos en la carretera Chilapa-Hueycantenango, en exigencia de justicia. Pero aquí, la justicia es un eco lejano. La fiscalía estatal dice que “ya investiga”, pero nadie cree en esas palabras.

“Queremos que nos volteen a ver”, dicen los habitantes de Xochitempa. “Que la presidenta Claudia Sheinbaum venga a nuestros pueblos. Supuestamente, en su sexenio es ‘primero los pobres’, pero aquí no hay nada”.

En las comunidades indígenas de Guerrero, los niños no piden juguetes ni vacaciones. Piden vivir. Piden no morir como Mateo, como Porfirio, como César. Piden que los tres niveles de gobierno actúen antes de que sus nombres también sean solo un recuerdo, escrito en una cartulina al borde del camino.

En esta guerra silenciada, los niños son las primeras víctimas y los últimos en ser escuchados.