Exmagistrado denuncia al gobernador de Nayarit por tentativa de homicidio

México, Avanzada (18/02/2025).- El exmagistrado y exfiscal Rodrigo Benítez Pérez amplió este 17 de febrero de 2025 una denuncia presentada originalmente el 21 de octubre de 2024 ante la Unidad de Investigación de Delitos contra la Integridad Corporal de la Fiscalía General del Estado. En ella, señala al gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, y a varios funcionarios de su administración por delitos de tentativa de homicidio calificado, tortura y abuso de autoridad.

Según el relato del exmagistrado, el 14 de octubre de 2024, al salir de una reunión en la sede del Poder Judicial, fue atacado con una navaja en el abdomen. En ese momento, el agresor le dijo: “haz que parezca un suicidio”, una frase que, según Benítez Pérez, haría referencia a declaraciones del gobernador, quien califico su administración como “suicida o kamikaze”.

El día del ataque, según información proporcionada por allegados a Benítez Pérez, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó ante el Congreso del Estado una solicitud de juicio de procedencia, lo que podría estar relacionado con el atentado.

Además del gobernador Navarro Quintero, la denuncia también involucra a otros altos funcionarios del gobierno estatal:

José Gabriel Camarena Morales, coordinador jurídico del Gobierno del Estado

Petronilo Díaz Ponce Medrano, fiscal general de Nayarit

Daniel Cortés Araujo, subfiscal general

Diana López Zurita, jefa de asesores del Gobierno del Estado

Rocío Esther González García, secretaria general de Gobierno

Aracely Ávalos Lemus, magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia

Elvia Ludmila Heredia Verdugo, directora general de Fibba.

Otras personas aún no identificadas

Como parte de la denuncia, el exmagistrado presentó pruebas documentales y materiales, incluyendo la camisa ensangrentada que vestía el día del ataque.

Este suceso generó gran preocupación política y judicial, ya que Benítez Pérez es una figura crítica de la administración estatal. Su denuncia no solo pone en duda la seguridad dentro del Poder Judicial, sino que también abre interrogantes sobre el uso del poder para acallar opositores.

La Fiscalía General del Estado confirmó que la investigación sigue en curso y que se analizarán las pruebas presentadas para determinar la responsabilidad de los acusados.