Colima, México, Avanzada (02/07/2019).- Los empresarios, Sergio Díaz Larios y Francisco Aguilar Zaragoza reconocieron que están participando en una licitación de la Administración Portuaria Integral (API) sin embargo, rechazaron ser propietarios de empresas fantasmas.
Los dos constructores aceptaron que los domicilios fiscales que aparecen en la convocatoria no corresponden con las actuales direcciones donde se encuentran sus empresas, no obstante señalaron que esa situación no es su responsabilidad, porque ellos notificaron a tiempo su cambio.
Ayer, el diputado panista Francisco Javier Rodríguez García solicitó al órgano de control interno de la Administración Portuaria Integral (API) declarar desierto el proceso de adjudicación, por las irregularidades en los domicilios fiscales de dos de las tres empresas invitadas, así como por la insuficiente presentación de propuestas para la realización de una obra en el puerto de Manzanillo.
La obra cuestionada se denomina “Supervisión y control de calidad de los trabajos: Adecuación de paso vehicular dentro del Patio Regulador de Tráileres Jalipa, API Manzanillo”, para la que fueron invitadas las empresas Ipabeco, SA de CV, con domicilio en Palma Areca 1009, Col. Las Palmas, Colima, Col.; Dilar, SA de CV, que presentó domicilio en Radiodifusión 1265, colonia de los Trabajadores, Colima, Col.; así como Barragán Diseño y Construcción SA de CV, con domicilio en Laguna de Alcuzahue 239. Col. Solidaridad, municipio de Villa de Álvarez.
De acuerdo con Rodríguez García, las dos primeras empresas no se encuentran en los domicilios señalados, pues mientras el primer inmueble se encuentra vacío, el segundo pertenece al Colegio de Arquitectos, aunque el presidente de ese organismo aparece también como representante legal de la empresa.
Sobre el señalamiento del diputado Francisco Rodríguez García, el dueño de la empresa IPABECO, Francisco Aguilar Zaragoza aceptó que el domicilio que aparece en la licitación no corresponde con el que actualmente tiene la empresa.
Dijo que en julio hizo el cambio de domicilio, pero el padrón de contratistas de la API no se encuentra actualizado, “el hecho que un padrón de contratistas no esté actualizado no me califica como delincuente”.
El ex secretario de Infraestructura en una parte del sexenio de Mario Anguiano Moreno expresó que de por sí la obra pública es escasa como para que un legislador les cause daño moral.
Por su parte, el representante de la empresa DILAR, Sergio Díaz Larios expresó que el domicilio de su empresa está justo a un lado del Colegio de Arquitectos, el cual preside,“tenemos el cambio de domicilio desde noviembre 2018”. Por su parte, el presidente de la CMIC, Carlos Maldonado respaldó a los dos empresarios y llamó al diputado, Francisco Rodríguez a solicitar una disculpa de forma pública.