Gobernadores siguen firmes en mantener el control del Poder Judicial en los estados

Columna

El Puercoespín 

En Congreso de la Unión ya remitió al Poder Ejecutivo la reforma del Poder Judicial Federal para su publicación y, en consecuencia, entrada en vigor. 

El titular del Poder Ejecutivo Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación, a las ocho de la noche en punto del 15 de septiembre de 2024, el decreto por el que se reforma, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma del Poder Judicial.

El periodista norteamericano Kurt Hackbarth lo sintetiza magistralmente en su cuenta de X: en el Poder Judicial“Pudieron haber ajustado sus salarios a tiempo.  Pudieron haber puesto una reforma cuando se les pidió. Pero prefirieron restregar sus privilegios e impunidad en la cara de la nación. Se sentían intocables. No lo eran.”

Sin embargo, en los estados los gobernadores de todos los partidos siguen fieles a las costumbres autoritarias donde el Ejecutivo estatal tiene el control de los demás poderes y en lugar de emular al gobierno federal persisten en mantener el control de los jueces y magistrados a cualquier precio (literalmente). 

En Colima, por ejemplo, la carrera judicial es muy marginal y los magistrados han sido nombrados históricamente por serlos abogados allegados al Ejecutivo en turno.

Bernardo Alfredo Salazar Santana llegó al puesto gracias a su cercanía a Silverio Cavazos Ceballos, su experiencia la adquirió como director jurídico del Congreso del Estado y asesor jurídico del Issste, asesor de la Secretaría de Turismo, en tiempos de Fernando Moreno y fue secretario Particular de Elías Zamora V.  

Miguel García de la Mora tan solo fue subdirector Jurídico y luego director Jurídico del Congreso del Estado.

María Luisa Ruiz Corona, propuesta por Fernando Moreno Peña, tan solo fue defensora pública federal adscrita al Juzgado Primero de Distrito en Colima.  

Rafael García Rincón, también propuesto por Fernando Moreno Peña, fue subdelegado estatal de la ProcuraduríaAgraria en el Estado y catedrático en la Ucol.

Sergio Marcelino Bravo Sandoval, propuesto por Nacho Peralta, fue abogado Tipo “A” en la Secretaría General del Gobierno, presidente del CDM en Manzanillo, secretario General del CDE y presidente del PRI y diputado local. Básicamente un funcionario del otrora partidazo.

René Rodríguez Alcaraz, propuesto por Nacho Peralta, magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, magistrado del Tribunal Electoral del Estado y secretario General de Gobierno con Mario Anguiano Moreno.Catedrático de la Ucol, subdelegado y jefe delegacional de los servicios jurídicos, seguridad en el trabajo y clasificación de empresas de la Delegación del IMSS.

Básicamente sus méritos son haber estado ligados al poder (gobernador en turno) y al partido (PRI). Luego entonces es de entenderse que sus sentencias estén ligadas a quienes les deben lealtades, es decir, a quien le deben el puesto.

Ahora Indira del partidazo Morena, con mayoría de votos, el Congreso de Colima aprobó un programa de jubilación para magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, para que se retiren con el total de su sueldo y un poco más. De acuerdo con el dictamen de la gobernadora y presentado por la diputada Yommira Carrillo, es un programa creado por única ocasión para los propietarios actuales, que cumplan con los requisitos para acceder a una jubilación, desde la entrada en vigor del decreto y hasta el 21 de julio del 2027. En realidad, el programa de única ocasión,es un régimen especial que obligará al estado a erogar cinco millones de pesos más, en momentos que las finanzas públicas están quebradas y, en estos casos, esas pensiones serán heredadas en forma vitalicia y potencialmente estaríamos hablando de una erogación de 250 millones de pesos. Este programa de única ocasión es una estrategia de cooptación, de eliminación de magistrados en servicio para colocar magistrados nuevos a modo.

Esta disposición también ordena al Instituto de Pensiones hacer lo conducente, aunque es pública la información de que el Ipecol advirtió que era inviable por falta de recursos.

Mientras el Gobierno de México lucha por reformar el Poder Judicial Federal el gobierno del estado está trabajando para controlar al Poder Judicial Estatal para garantizar impunidad y que siga la corrupción. Con estas acciones el gobierno estatal está traicionando al Gobierno de México y a los ciudadanos que quieren y aspiran a un régimen político más democrático y un Poder Judicial más justo.

Finalmente, el dictamen fue aprobado con 16 votos a favor de Morena, sus aliados del PT, PANAL y PVEM, así como el priista Miguel Ángel Galindo y los diputados sin partido Rigoberto García (ex priista) y Luis Alberto Vuelvas, suplente del diputado con licencia y ex secretario de Finanzas, Carlos Noriega, a quien es esta sesión no le permitieron regresar a su cargo, hasta que concluyan los juicios en su contra.

El gobierno de Indira abrió la puerta de la impunidad y cerró la puerta para una reforma del Poder Judicial Estatal similar al federal, por tanto, los ciudadanos por un lado podremos celebrar las reformas federales, pero recibimos una puñalada del gobierno del estado. La justicia federal se anuncia como una promesa, pero la justicia más cercana, la estatal, seguirá siendo manipulada por el gobierno en turno. 

El gobierno y Morena estatales con sus acciones traicionan a sus electores. Pronto los ciudadanos descubrirán lo reaccionario y perverso de un grupo de jóvenes políticos locales enajenados por el poder político y hambrientos de más poder.  

Las mujeres fueron gaseadas el 8 de marzo y los manifestantes contra la reforma del Poder Judicial Federal en el Congreso, ahora en septiembre, también fueron golpeados por la policía. Indira es ya la campeona de la represión como método político para imponer sus deseos. 

No está demás citar que el gobierno de Guanajuato en sesión extraordinaria, el PAN nombró magistrada a persona cercana al gobernador, sin carrera judicial ni experiencia en materia penal, designa a un auditor cuyo único mérito es ser allegado al PAN a quien revisará sus cuentas públicas.

El gobierno de Guanajuato le reclama al Gobierno de México lo que en su estado hace con alegría.

Los ciudadanos queremos el cese del nepotismo, la corrupción, la impunidad y la injustica los gobiernos estatales están pensando en su impunidad.

La realidad de la política es muy compleja y los partidos y sus miembros demasiado ambiciosos de poder y dinero, con la prerrogativa de no rendir cuentas.