Fracasó el Congreso local al aumentar penas por extorsión, violación y secuestro

Colima, México, Avanzada (07/12/2022).- Con el propósito de inhibir la delincuencia, en septiembre de 2012 el Congreso del Estado aprobó reformas penales para tipificar como delitos graves el secuestro y la extorsión, así como una modalidad de la violación.

Para el secuestro, esto implicó aumentar la sanción de 30 a 50 años de cárcel, mientras que para la extorsión la penalidad establecida fue de 15 a 30 años de prisión, que podía esta última aumentar de 35 a 50 años en algunos casos agravantes, como cuando exista la participación de dos o más personas armadas, se use la violencia o la víctima sea menor de edad o mayor de 70 años.

Además, los legisladores establecieron una nueva modalidad agravada en el delito de violación, cuando ésta se realice en parajes solitarios o lugares desprotegidos o valiéndose el agresor de identificaciones oficiales ciertas o falsas, con una pena de prisión de 30 a 40 años.

Sin embargo, una década después, el crecimiento en la incidencia de esos delitos demostró el fracaso del incremento de las penas como una medida para disminuir la delincuencia.

Sobre todo, en el caso de la extorsión, la incidencia se disparó de manera notable, pues de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) en 2012 se registraron seis casos de este delito y entre los meses de enero y octubre de 2022 ya se habían registrado 111 casos de extorsión en el estado.

En lo relativo al delito de violación, durante los doce meses de 2012 se registraron 126 casos, y en los primeros diez meses de 2022 ya se habían contabilizado 154 casos en la entidad.

Asimismo, en 2012 hubo 6 privaciones de la libertad y en los diez primeros meses de 2022 se habían contabilizado 318 delitos que atentan contra la libertad personal.

En el dictamen de la reforma penal realizada en 2012, presentado por el diputado José Manuel Romero Coello, se justificó el incremento a la penalidad de esos ilícitos, luego de considerarse que “afectan de manera importante los valores fundamentales de la sociedad”.

Cuando ya pasó una década, los resultados no son los esperados, pues los delincuentes no se han sentido intimidados ni se han cohibido ante el aumento de las penalidades.