Sigue impune exprocurador de Colima acusado de tortura en Aguascalientes

Colima, México, Avanzada (02/08/2022).- Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, quien fue procurador general de Justicia de Colima durante casi un año —entre 2016 y 2017—, enfrenta actualmente serias denuncias por su presunta implicación en actos de tortura y otras violaciones a los derechos humanos en su natal Aguascalientes, donde había ocupado el mismo cargo en el periodo de 2010 a 2015.

Al asumir la titularidad de la PGJE de Colima, a la llegada del gobernador José Ignacio Peralta Sánchez a principios de 2016, Muñoz se comprometió a resolver la situación de violencia en un plazo de seis meses, de lo contrario renunciaría al cargo.

Sin embargo, no sólo no bajó los niveles delictivos, sino que éstos se incrementaron al grado de que el periodo en que estuvo fue el primer año en que Colima se ubicó en el primer lugar nacional de homicidios, con la tasa más alta de ese delito en el país.

Así también, no cumplió con renunciar a los seis meses sin resultados, sino que permaneció en el cargo hasta que se fue de Colima por su voluntad, cuando le fue ofrecido otro puesto en la Procuraduría General de la República (PGR). 

De acuerdo con el reportaje “Aguascalientes: Activos, los tentáculos del exprocurador Felipe Muñoz”, publicado en la edición de 31 de julio de 2022 de la revista Proceso, el 14 de diciembre de 2020 Muñoz Vázquez compareció ante la delegación estatal de la Fiscalía General de la República (FGR) por los señalamientos de tortura en agravio de siete personas, en actos en los que él y su equipo de trabajo presuntamente participaron durante ese periodo.

Según el texto, firmado por la periodista Mónica Cerbón, el imputado negó los cargos y solicitó al Ministerio Público tomar en cuenta informes médicos, peritajes psicológicos y el resultado de otras investigaciones por esos mismos casos que, dijo, fueron cerrados sin ejercer acción penal.

Es la única vez que Muñoz Vázquez ha respondido ante las autoridades ministeriales por imputaciones en su contra hechos por organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), según su recomendación 17VG/2019.

El semanario Proceso reporta que las propias víctimas comentan que en su momento algunos jueces y médicos aportaron a la dependencia que encabezó el acusado pruebas de la tortura de los detenidos e incluso presentaron denuncias ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHA). De 2019, cuando los casos comenzaron a investigarse, a la fecha no ha habido resultados, dicen los agraviados.

Según la CNDH, peritajes médicos y psicológicos emitidos por la entonces Procuraduría fueron omisos en consignar las torturas que, en algunos casos, hicieron que las víctimas permanecieron semanas hospitalizadas. La falta de transparencia en la actuación de la procuraduría cuando Muñoz Vázquez estuvo al frente de la dependencia, hace que las pruebas que él pide tomar en cuenta no sean confiables.

De acuerdo con el reportaje, en la recomendación de la CNDH se acreditaron 19 víctimas y el único funcionario señalado con nombre y apellidos es precisamente Muñoz Vázquez, quien –de acuerdo con los testimonios analizados por la institución– presuntamente participó de manera directa en las golpizas. “Especial preocupación generan los testimonios, tanto de víctimas como de exservidores públicos, sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas en dicho lugar”.

El caso sigue abierto no sólo porque los agraviados, quienes padecen secuelas físicas y emocionales, no han obtenido justicia, sino porque en los años recientes aumentan los testimonios contra el exprocurador y su equipo. Son más de 200 las personas que afirman haber sufrido tortura por personal de la procuraduría estatal, la mayoría durante 2011, año en el que, según la narrativa oficial, una disputa entre cárteles de la droga afectó a la entidad.

A finales de junio pasado la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) difundió el informe Hasta perder el sentido, el cual destaca que entre 2011 y 2014 en Aguascalientes hubo “una práctica sistemática de tortura y malos tratos… planeados, coordinados y realizados por funcionarios de la procuraduría estatal”, un delito que no prescribe.

Durante ese periodo, al menos 40 personas (33 hombres y siete mujeres) sobrevivieron a las palizas, quemaduras corporales, violencia sexual y psicológica, arraigo prolongado y otras violaciones a sus derechos humanos para obligarles a culparse de delitos que no cometieron. Hoy, 30 de esas víctimas permanecen en prisión.

Según el informe, en 17 de los casos “un alto funcionario” participó o estuvo presente durante las torturas. Algunos de los señalados trabajaban en la propia procuraduría; otros, en la Defensoría Pública del estado. Muchos siguen en funciones en la actual Fiscalía General del Estado (FGE), en el gobierno estatal o en el Poder Judicial.

La investigación periodística de Mónica Cerbón señala que en 2019, tras la publicación de su recomendación 17VG/2019, la CNDH anunció que interpondría una denuncia penal contra quien resultara responsable por las graves violaciones a derechos humanos y recomendó a la Fiscalía, entre otras cosas, investigar a su personal.

Pero las indagatorias no prosperaron debido a un amparo promovido en 2020 por el propio Muñoz Vázquez. El informe de la ONU-DH indica que ese amparo dejó de tener validez el 25 de febrero de 2022, por lo que el caso contra el exfuncionario se reactivó, confirmó Jesús Figueroa Ortega, quien hoy está al frente de la FGE.