Sentencian a 24 años de prisión a exministro español por corrupción en compra de cubrebocas

El Tribunal Supremo de España condenó al exministro de Transportes José Luis Ábalos a 24 años y tres meses de prisión por encabezar una trama de corrupción vinculada a contratos de suministro de mascarillas durante la pandemia de COVID-19. La sentencia también alcanza a su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama.

Avanzada (22/06/2026).- La Sala Segunda del Tribunal Supremo de España notificó este lunes la sentencia del denominado “caso mascarillas”, en la que impuso una condena de 24 años y tres meses de prisión al exministro de Transportes José Luis Ábalos por delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias.

En la misma resolución, aprobada por unanimidad, el alto tribunal condenó a Koldo García, exasesor de Ábalos, a 19 años, ocho meses y un día de prisión por los mismos delitos. Por su parte, el empresario Víctor de Aldama recibió una pena de cuatro años y seis meses de cárcel por organización criminal y cohecho.

No obstante, en el caso de Aldama, los magistrados aplicaron la atenuante muy cualificada de colaboración con la Justicia, al considerar que sus declaraciones y aportaciones fueron determinantes para el esclarecimiento de los hechos. Por ello, el tribunal acordó suspender la ejecución de la pena, condicionado a que no vuelva a delinquir, presente informes semestrales sobre sus actividades y realice trabajos en beneficio de la comunidad durante un año.

La sentencia concluye que los tres acusados integraron una organización criminal con funciones claramente definidas para obtener beneficios ilícitos mediante contratos públicos y favores políticos.

Entre los hechos acreditados por el tribunal se encuentra la adjudicación irregular del suministro de 13 millones de mascarillas a Puertos del Estado y ADIF a una empresa vinculada a Aldama durante la emergencia sanitaria por COVID-19.

Los magistrados también dieron por probado que Ábalos recibió una asignación mensual de 10 mil euros destinada a cubrir “gastos fijos”, así como diversas contraprestaciones relacionadas con su posición dentro del Gobierno español.

La resolución judicial señala además la contratación de dos mujeres cercanas al exministro en empresas públicas, el pago de la vivienda de una de ellas y diversas operaciones inmobiliarias entre Ábalos y Aldama, entre las que figura un contrato de arrendamiento con opción a compra de un inmueble en Madrid.

Asimismo, se acreditó el arrendamiento de viviendas en Marbella y La Línea de la Concepción, también con opción de compra, como contraprestación por gestiones vinculadas a la difusión de una nota de prensa relacionada con el rescate de Air Europa y por trámites asociados a una licencia de hidrocarburos.

En su sentencia, el Tribunal Supremo subrayó el impacto que este tipo de conductas tiene sobre las instituciones democráticas y advirtió que la corrupción provoca un grave deterioro de la confianza ciudadana en el sistema político.

“Socava la arquitectura democrática del Estado”, señalaron los magistrados al enfatizar la trascendencia de los delitos cometidos y la necesidad de preservar la integridad de las instituciones públicas.