EDITORIAL. Matanza del Cereso: Lentitud en investigaciones

Todos los presuntos autores materiales de la matanza del pasado 25 de enero en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Colima ya se encontraban presos en ese lugar, que cuenta con cámaras de videovigilancia en la mayor parte de sus espacios, pero cuatro meses y medio después de los hechos la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha podido avanzar en someter a juicio a todos los implicados en ese suceso que detonó la actual ola de violencia que se vive en la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez.

Al menos así se aprecia de la información que ha hecho pública la propia FGE, donde no se reportan frutos significativos de las investigaciones.

El pasado 22 de marzo el titular de la FGE, Bryant Alejandro García Ramírez indicó en rueda de prensa que habían sido identificados diez probables implicados, prácticamente todos, en la matanza de nueve presos y las heridas causadas a siete internos más.

Refirió que tres días después sería judicializado el primer caso de manera individualizada, con la propuesta de vinculación a proceso a seis imputados por el asesinato de la primera víctima, como una estrategia con la que se pretendía llevar cada caso “para un eficaz procesamiento de los asuntos”.

La mayoría de los agresores, dijo el fiscal se encontraban presos por delitos federales, casi todos con sentencia, mientras que las víctimas eran integrantes de una célula delictiva con presencia en la zona metropolitana de la capital del estado.

Pasaron dos meses y medio más para que hace unos días la FGE emitiera un comunicado en el que dio a conocer la vinculación a proceso, por parte de un juez, de cinco imputados en el caso de una de las víctimas de la masacre y que el juzgador dio un plazo de dos meses para concluir las investigaciones.

No se informó y se ignora si se trata del caso de la misma víctima que había sido anunciado desde marzo o si se trata de una vinculación obtenida por una segunda víctima.

Según indicó la Fiscalía, se iniciaron diversas carpetas de investigación el día de los sucesos, y como resultado de una de ellas, se obtuvieron testimoniales y datos de prueba para establecer la probable participación de los cinco imputados en la privación de la vida por una de las víctimas.

“Una vez puestos a disposición del Juez de Control, los imputados Juan ‘N’, Luis ‘N’, Andrés ‘N’, Jonathan ‘N’ y Gabriel ‘N’, quienes ya se encontraban recluidos en dicho Centro de Reinserción por diversos procesos, y para el caso concreto que se informa, se les dictó auto de vinculación a proceso, imponiéndoles la prisión preventiva como medida cautelar y otorgando al ministerio público el plazo de dos meses para el cierre de la investigación”.

La propia FGE reconoció que a casi cinco meses de los hechos no han sido judicializadas todas las carpetas, al señalar en un comunicado que “conforme avancen las indagatorias de lo sucedido, esta institución estaría informando a la ciudadanía de manera puntual sobre las carpetas de investigación cuando estas, ya se encuentren judicializadas”.

La Fiscalía reiteró su compromiso con la sociedad de cumplir con su propósito de investigar y esclarecer los sucesos delictivos cometidos para que no queden impunes, así como llevar a los responsables ante la justicia logrando para ellos las sanciones que la ley establece y reparar el daño a las víctimas.

Sin embargo, a pesar de que los presuntos responsables ya estaban presos desde antes y de que en marzo se indicó que ya estaban identificados prácticamente todos, hasta ahora sólo se ha informado de la judicialización de una carpeta y la intención de judicializar otra, relativas a 2 de las 9 víctimas.