Antes de su detención, EU tenía en la mira a jefe narco en Manzanillo

Colima, México, Avanzada (15/03/2022).- Desde el 6 de octubre pasado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos había puesto en la mira a Aldrin Miguel Jarquín Jarquín, junto con tres personas más, por el manejo del trasiego de drogas a través del puerto de Manzanillo.

Ubicado como el jefe regional del Cártel Jalisco Nuevo Generación (CJNG) en el estado de Colima, Aldrin Miguel Jarquín, conocido como “El Chaparrito”, fue detenido la mañana del domingo 13 en un domicilio de Zapopan, Jalisco, durante un operativo conjunto de la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Marina.

En octubre, Jarquín había sido designado junto con su hermano José Jesús Jarquín Jarquín, así como Enrique Díaz de León Sauceda y Fernando Zagal Antón, de acuerdo con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Ley Kingpin).

“Estos cuatro individuos son miembros del CJNG, que operan a través del puerto de Manzanillo, Colima, México y sus alrededores. El CJNG es una violenta organización establecida en México, responsable de traficar una considerable cantidad de fentanilo y otras drogas mortales que entran a los Estados Unidos”.

La acción de ese día, es parte del esfuerzo para quebrantar al CJNG, y resultado de la continua colaboración de OFAC y sus socios del gobierno estadounidense, así como la Administración de Control de Drogas (DEA) por sus siglas en inglés, y sus contrapartes del Gobierno mexicano incluyendo la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Según un informe de la OFAC, “el éxito criminal del CJNG se debe en parte a su presencia en lugares estratégicos, como Manzanillo”, dijo la directora de OFAC Andrea M. Gacki. 

Refirió que “este puerto de la costa del Pacifico funciona como una importante entrada de cocaína colombiana y precursores químicos desde Asia, incluyendo aquellos usados para sintetizar fentanilo.  El Tesoro está comprometido a trabajar con sus socios estadounidenses y mexicanos para exponer, aislar y desarticular a los miembros del CJNG que operan en Manzanillo y otros lugares”.

Señaló que los cuatro personajes designados están entre los mayores miembros del CJNG que operan en Manzanillo y el Estado de Colima, México, en tanto que en junio de 2020 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del gobierno de México bloqueó las cuentas bancarias de estos individuos mexicanos debido a su relación con el CJNG.

De acuerdo con el documento, todos ellos fueron designados de conformidad con la Ley Kingpin “por ser extranjeros que ayudan materialmente, o que proporcionan apoyo financiero o tecnológico para, o bienes o servicios en apoyo a, el CJNG. Ellos juntos ayudan a coordinar las operaciones de tráfico de drogas del CJNG a través del puerto de Manzanillo, y mantienen el contacto con las fuentes de suministro de cocaína en Colombia”.

Añadió que los designados tienen vínculos con individuos designados previamente. Ellos se reportan con Julio Alberto Castillo Rodriguez, yerno del líder del CJNG Rubén Oseguera Cervantes (alias “Mencho”).  La OFAC designó a Julio Alberto Castillo Rodriguez el 27 de octubre de 2016.  Además, los designados del día de hoy se coordinan con Carlos Andres Rivera Varela (alias “La Firma”) y Francisco Javier Gudiño Haro (alias “La Gallina”), a quienes OFAC designó el 6 de abril de 2021.  Carlos Andrés Rivera Varela y Francisco Javier Gudiño Haro lideran un grupo armado que ha ayudado a orquestar asesinatos de políticos y rivales usando armas de alto calibre. Estos dos violentos individuos están vinculados también a Gonzalo Mendoza Gaytán (alias “El Sapo”), un miembro de alto perfil del CJNG quien ha actuado como jefe de plaza para Puerto Vallarta, México, designado por la OFAC el 17 de mayo de 2019.

La OFAC indicó que la estrategia de expansión y control de territorio de tráfico de drogas del CJNG incluye el estado de Colima y su puerto de Manzanillo, debe su éxito en gran parte a la violencia empleada contra rivales y oficiales del gobierno mexicano.  Por ejemplo, el CJNG fue responsable por la muerte de un Juez Federal en Colima en junio de 2020.  Colima tiene uno de los índices de homicidios per cápita más altos ocasionado en parte por las operaciones de tráfico de drogas locales del CJNG.

ACCIONES ANTERIORES DEL GOBIERNO DE EU CONTRA EL CJNG Y LOS CUINIS

La designación de la ley de cabecillas de hoy marca la décimo quinta acción contra el CJNG, las cual fue designada en abril 8, 2015, junto con su líder, Nemesio Oseguera Cervantes (alias “Mencho”), por sus importantes roles en el tráfico internacional de narcóticos. El Programa de Recompensas del Departamento de Estado de los Estados Unidos ha publicado una recompensa de más de $10 millones de dólares por información o el conocimiento que lleve al arresto Oseguera Cervantes .

En previas acciones, OFAC designó una amplia gama de negocios e individuos vinculados al CJNG y su aliado cercano, la previamente designada organización de tráfico de drogas Los Cuinis. Previamente los negocios designados en Mexico incluyen centros comerciales, empresas de bienes raíces, empresas de agricultura, una promotora musical, y un hotel boutique de lujo. Muchas de estas entidades se han comprometido con el lavado de procedencia de las drogas y representa los intentos del CJNG y Los Cuinis de integrarse ellos mismos dentro de la economía legal. Entre los individuos previamente designados están aquellos quienes juegan un rol critico en el tráfico de drogas del CJNG, incluyendo lavado de dinero, y aquellos que facilitan las actividades de corrupción en representación del CJNG y Los Cuinis,

IMPLICACIONES DE LAS SANCIONES

Como resultado de la acción, todas las propiedades y el interés en las mismas de las entidades designadas que están dentro de los Estados Unidos en posesión o control de personas bajo la jurisdicción de los Estados Unidos, están bloqueados y deben ser reportados a OFAC.  Las regulaciones de OFAC generalmente prohíben toda transacción de estadounidenses o personas dentro de (o en tránsito por) los Estados Unidos que involucre cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas designadas o bloqueadas.

Desde junio del año 2000, más de 2,200 empresas e individuos han sido designados conforme a la Ley Kingpin por su participación en el tráfico internacional de narcóticos.  Las sanciones por violaciones a la Ley de Cabecillas fluctúan entre penas civiles de hasta US$1,548,075 millones por cada violación, a penas criminales más severas.  El castigo para directivos de empresas puede ser de hasta 30 años de prisión y multas de hasta US$5 millones.  Las multas criminales para empresas pueden alcanzar los US$10 millones.  Otros individuos pueden enfrentar hasta 10 años de prisión y multas de conformidad con el Título 18 del Código de los Estados Unidos por violación criminal a la Ley Kingpin.