“De todas formas iba a morir”, exclamó el Juez

EDITORIAL.

El caso de César Mauricio Reyes Guzmán, estudiante de ingeniería en mecatrónica atropellado y muerto hace casi cinco años, sacó a relucir probables malos manejos dentro del Poder Judicial de Colima, que han sido calificados como actos de corrupción por parte de los familiares de la víctima.

Después de casi cinco años de exigir justicia por la muerte de su hijo de 19 años de edad, Mónica Guzmán González y César Guillermo Reyes Venegas denunciaron que el caso podría quedar impune debido a “la corrupción que reina” en el Poder Judicial del estado, luego de que un juez local reclasificó el delito a homicidio culposo y el presunto responsable, que actualmente se encuentra preso, saldría libre tras el pago de un monto económico por concepto de reparación del daño.

De acuerdo con los padres del muchacho, el 13 de marzo de 2016 su hijo César Mauricio fue embestido por un automóvil y quedó sobre el capacete, de donde se sujetó, pero el conductor en lugar de frenar elevó la velocidad avanzando en zigzag por un tramo de alrededor de 500 metros, hasta que el joven cayó al suelo y murió por un golpe en el cráneo.

Guzmán González dijo que el imputado, Sergio Armando R., es miembro de la familia propietaria de la Dulcería Reyes, que a su juicio goza de la cercanía de personajes del ámbito de la justicia local, por lo que desde el fallecimiento de su hijo han tenido que remar a contracorriente para que avance el asunto.

Inicialmente, expuso la mujer, ante la renuencia del Ministerio Público de consignar el caso, tuvieron que presentar un amparo que obligó a la autoridad ministerial a resolver y solicitar la vinculación por homicidio calificado, pero el imputado apeló y la magistrada Rocío López Llerenas Zamora, que “es amiga de la familia del acusado”, reclasificó el delito a homicidio culposo, por lo que el imputado recobró la libertad.

Nuevamente, la familia de la víctima recurrió a la justicia federal mediante la interposición de otro juicio de amparo que se prolongó por un año y siete meses, pero el juez de Distrito ordenó que se continuara el proceso por homicidio calificado bajo la modalidad de dolo eventual y se reaprehendiera a Sergio Armando R., lo que ocurrió el 17 de octubre de 2018.

Sin embargo, el 6 de noviembre de este año “nuevamente la corrupción de las autoridades se hizo presente, ahora con el juez José Luis Torres Arreola, que falló reclasificando el delito a homicidio culposo”.

De acuerdo con Mónica Guzmán González, en su resolución el juez argumentó que “aunque mi hijo continuó con vida sobre el toldo del coche durante los más de 500 metros (…), lo reclasificaba a culposo porque de todas formas iba a morir por consecuencia de las lesiones que se le ocasionaron en el primer impacto”.

Lo anterior, dijo la mujer, “resulta aberrante, pues sería tanto como decir que a una persona atropellada y que queda con vida puedes venir a rematarla porque de todas formas iba a morir”.

Guzmán González señaló que su denuncia de esta situación “tiene como finalidad informar y alertar a la ciudadanía respecto de la corrupción que reina dentro del estado, especialmente en la magistrada en retiro Rocío López Llerenas Zamora, el juez José Luis Torres Arreola y su esposa que es proyectista de la segunda sala”.

Invitó a otras personas que “como nosotros hayamos sido víctimas de estos funcionarios, se sumen y exijamos al presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado inicie un proceso de investigación de las sentencias emitidas por el juez Torres Arreola”.

Por su parte, el magistrado Bernardo Alfredo Salazar Santana, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, aseguró en una rueda de prensa posterior que el trabajo que se realiza en el Poder Judicial “siempre es apegado a derecho”.

Indicó que la resolución del juez fue declarar culpable al responsable por delito culposo, de acuerdo a las pruebas que se desahogaron en el juicio oral.

“Una de las principales funciones del Poder Judicial es garantizar la reparación del daño integral a las víctimas, en este caso a las víctimas indirectas como son los familiares de un joven de 19 años quien fue víctima de un accidente automovilístico, que se haga justicia y que el delito no quede impune, que el responsable sea declarado culpable “, puntualizó.

El funcionario judicial aclaró que la persona imputada y sujeta a juicio fue encontrada culpable del delito, pues “no se le absolvió en la causa penal, se le determinó responsabilidad penal por el delito de homicidio culposo, se le condenó al pago de la reparación del daño y sólo estaba por determinarse la individualización de la pena de acuerdo al homicidio culposo y determinar la cuantía de la indemnización que deberá pagar por reparación del daño, que incluye la indemnización por muerte, más los gastos funerarios y demás que se hayan ocasionado con motivo del delito”.

El magistrado Salazar Santana argumentó que de acuerdo a una resolución que dio el tribunal colegiado, determinó que sí era posible vincular por el delito doloso, en razón de que así había fijado la investigación y se había planteado por el ministerio público en su teoría del caso, lo cual indicaba que se tenía que seguir la investigación complementaria para llegar al juicio oral bajo esa modalidad.

Sostuvo que “la actuación del juez no fue incorrecta, no hay un sesgo de deshonestidad o de corrupción como se mencionó en la conferencia que ofreció la madre del afectado, donde señala que al parecer pudo haber corrupción”.

En todo caso, añadió, “si los familiares tiene algún dato de que el juez haya recibido un soborno, haya tenido contacto con los familiares o abogados defensores del sentenciado sin que estuvieran presentes las otras partes o haya llevado una actuación incorrecta que le condicionara a resolver no bajo el principio de legalidad e imparcialidad, sino de manera tendenciosa hacia alguna de las partes, que me lo hagan saber para proceder conforme a derecho y corregir este tipo de prácticas y sancionar”.

Por lo que se puede apreciar, se trata de un asunto muy serio que por lo que señalan los familiares de la víctima ha tenido una ruta que hace imposible no sospechar la existencia de irregularidades que podrían encuadrar en prácticas de corrupción, sea ésta por razones económicas o simplemente de tráfico de influencias para quebrantar la ley a favor de alguien cercano al poder.

A esto, el presidente del STJE responde únicamente afirmando que el juez actuó de manera correcta, cuando lo necesario sería que el propio magistrado mostrara preocupación por el caso y ordenara una investigación, en lugar de tratar de defender a priori al juzgador.

Si el Poder Judicial desea tener la credibilidad, debe tomar con seriedad los señalamientos de la población e investigar a fondo cada situación probable. ¿O la corrupción es tan profunda que impide la mínima indagatoria que pudiera hacer brotar pus con un poco de presión?