Colima, México, Avanzada (25/11/2020).- Los delitos patrimoniales le cuestan caro a los colimenses. Los robos de autos, casas, negocios han impactado en el estado emocional y financiero de las víctimas, quienes además de destinar más recursos para protegerse de las acciones delincuenciales, no recuperaron lo que les fue arrebatado.
El Instituto de Economía y Paz estimó que en el 2019, la violencia le costó a cada colimense 82 mil 926 pesos, mientras que en Yucatán, el estado más pacífico del país, fue de 11 mil 714 pesos.
En general, el impacto económico de la violencia en Colima fue de 62 mil millones de pesos, es decir, tres veces más de los 18 mil 137 millones de pesos que ejerció el Gobierno del Estado como parte de su presupuesto.
En contraste, en Yucatán, el estado más pacífico del país, el impacto económico que generó la violencia por persona fue de 11 mil 714 pesos. De acuerdo al Instituto de Economía y Paz, la tasa de homicidios relativamente baja de Yucatán es la razón de su reducido impacto económico.
El análisis del instituto expone que el impacto económico del homicidio en Yucatán es de 995 pesos por persona, la cifra más baja de México, en Colima asciende a 59 mil 700 pesos, la más alta del país.
Dicho instituto explicó que el impacto económico contempla el costo directo de la violencia, el costo indirecto y el efecto multiplicador. Los costos directos son los gastos en que incurren la víctima, el perpetrador y el gobierno.
Mientras los costos indirectos tienen que ver con un posible ingreso futuro perdido, y el trauma físico y psicológico que causó el hecho delictivo.
Señala que para calcular el costo de la violencia se deben tomar en cuenta los datos sobre homicidio, los delitos con violencia, que incluye asalto, violencia sexual y robo, así como los crímenes de la delincuencia organizada, como extorsión, secuestro y trata de personas.
Por otra parte, los costos indirectos son el encarcelamiento, miedo a la inseguridad, gastos en protección: seguridad privada y adquisición de armas y el gasto federal en la contención de la violencia, que incluye las fuerzas militares, la seguridad interna y el sistema judicial; además de los costos médicos y funerarios.
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