Salvemos la Laguna rechaza versión de la gobernadora de Colima

Colima, México, Avanzada (16/07/2026).- El movimiento ciudadano Salvemos la Laguna respondió este miércoles a las recientes declaraciones de la gobernadora Indira Vizcaíno Silva sobre el proyecto de ampliación del Puerto de Manzanillo y aseguraron que la modificación del plan para excluir la intervención directa en las islas Cocodrilo fue resultado de la presión ejercida por la sociedad civil y no de una decisión voluntaria del Gobierno.

Durante una rueda de prensa, integrantes del movimiento, conformado por pescadores, salineros, organizaciones ambientalistas, investigadores y ciudadanos, dieron a conocer un posicionamiento en el que sostienen que las afirmaciones del Ejecutivo estatal no reflejan el desarrollo del proceso de consulta pública ni las preocupaciones expresadas por los sectores involucrados.

Los activistas señalaron que, aunque el Gobierno ha afirmado que existió un diálogo amplio con los afectados, durante la consulta pública se presentaron observaciones técnicas, científicas, jurídicas y sociales que, aseguran, no fueron incorporadas de manera efectiva al análisis del proyecto.

También cuestionaron que el dragado del vaso II de la laguna de Cuyutlán sea presentado como una acción de conservación ambiental. Indicaron que especialistas han advertido que una intervención de esa magnitud podría alterar la dinámica hidrológica del humedal, remover sedimentos contaminados, afectar hábitats y poner en riesgo especies protegidas, además de impactar actividades tradicionales como la pesca y la producción de sal.

El movimiento consideró igualmente preocupante que el proyecto sea calificado como el más importante en la historia de Colima en materia de conservación ambiental, cuando, afirmaron, la propia Manifestación de Impacto Ambiental reconoce la existencia de impactos permanentes sobre diversos componentes del ecosistema.

Plantean cinco demandas

En su posicionamiento, Salvemos la Laguna hizo públicas cinco exigencias dirigidas a las autoridades ambientales:

• Una evaluación integral del riesgo que representa la cercanía del proyecto con instalaciones de almacenamiento de hidrocarburos de Pemex, considerando la actividad sísmica de la entidad.
• Un estudio científico independiente sobre la posible liberación de metales pesados y otros contaminantes durante el dragado del fondo lagunar.
• La evaluación de los efectos permanentes que las obras tendrían sobre la hidrodinámica de la laguna y el intercambio natural de agua entre los vasos II, III y IV.
• La incorporación del impacto urbano y logístico derivado del crecimiento de patios de contenedores, infraestructura y expansión de la mancha urbana.
• El reconocimiento de que cualquier intervención en el vaso II afectaría al resto del sistema lagunar protegido por la Convención Ramsar.

Pescadores advierten afectaciones

Durante la conferencia, representantes del sector pesquero afirmaron que el proyecto impediría la actividad en aproximadamente mil 800 hectáreas de la laguna y advirtieron que el dragado provocaría la dispersión de sedimentos y metales pesados hacia otros vasos del sistema lagunar.

Aseguraron que las afectaciones no se limitarían a pescadores y salineros, sino que alcanzarían a comunidades cercanas y al equilibrio ecológico de toda la laguna de Cuyutlán.

Piden un consejo consultivo

Durante la rueda de prensa, propusieron la creación de un Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable, integrado por autoridades de los tres niveles de gobierno, especialistas independientes, organizaciones ambientales, pescadores y salineros.

Explicaron que este mecanismo permitiría analizar técnicamente el proyecto y abrir un diálogo permanente antes de que se tomen decisiones definitivas.

Asimismo, informaron que ya fueron enviados oficios a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) para solicitar la instalación de ese órgano de participación ciudadana.

Finalmente, el movimiento reiteró que no se opone al desarrollo portuario ni al crecimiento económico del estado, pero insistió en que cualquier obra debe cumplir con la legislación ambiental, sustentarse en evidencia científica independiente y garantizar una participación ciudadana efectiva.

“La laguna de Cuyutlán no se vende, no se destruye, se protege”, concluye el posicionamiento presentado este miércoles.