Colima, México, Avanzada (11/07/2026).- La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva defendió el proceso de ampliación del Puerto de Manzanillo hacia la Laguna de Cuyutlán, al asegurar que el gobierno estatal y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) han mantenido un diálogo abierto con pescadores, salineros y sociedad civil para evitar afectaciones a estos sectores productivos.
Durante su conferencia de prensa semanal “Diálogos por la Transformación”, la mandataria fue cuestionada sobre el proyecto, luego de que esta semana se registrara una manifestación en las oficinas de la Secretaría de Gobernación, en el centro histórico de Colima, donde comunidades pesqueras, productoras de sal y colectivos ambientalistas rechazaron la obra.
Vizcaíno Silva señaló que recientemente concluyó la etapa de consulta pública del proyecto, la cual —dijo— “al final emite la opinión positiva para la ampliación del puerto de Manzanillo”. Sostuvo que la actual administración federal, encabezada por la presidenta de México, propició un replanteamiento de la obra para salvaguardar dos islotes ubicados en el vaso dos de la laguna.
“No soy experta, lo tengo que admitir y reconocer, pero para la gente que tiene muchos años conociendo este vaso de la laguna de Cuyutlán nos resulta evidente que está cada vez más asolvada”, expresó la gobernadora, al señalar que el proceso de dragado contemplado en la ampliación garantizaría el mantenimiento de ese cuerpo de agua.
La mandataria calificó el proyecto como “el más importante en la historia de Colima en materia de conservación ambiental”, al afirmar que contempla un compromiso de intervención en más de 2 mil hectáreas que abarcan los vasos 3 y 4 de la laguna de Cuyutlán y sus alrededores.
“Es normal que haya inquietudes, es normal que haya nerviosismo, que haya dudas, pero creo que el proceso se ha venido cuidando”, indicó, y remarcó que buena parte de las decisiones sobre el proyecto corresponden a Semarnat, dependencia con la que —afirmó— ha existido apertura para sostener mesas de diálogo con los sectores afectados.
La postura de la gobernadora se da luego de que integrantes del movimiento “Salvemos la Laguna” acusaran a la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) de impulsar el proyecto mediante un proceso que calificaron de irregular para obtener la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) ante Semarnat.
De acuerdo con los manifestantes, la ampliación contempla sumar mil 880 hectáreas al área portuaria, con una inversión superior a los 13 mil 539 millones de pesos. Advirtieron que la destrucción de manglares y el ingreso de agua marina al vaso lacustre generarían daños al ecosistema, además de afectar la producción salinera y la actividad pesquera de la región.
Investigadores y especialistas han alertado que la obra podría ocasionar pérdida significativa de manglares y humedales, alterar el flujo hidrológico del sistema lagunar y afectar hábitats de aves migratorias y especies protegidas, además de comprometer la pesca y la producción tradicional de sal, actividades consideradas patrimonio económico y cultural de la región. También se han señalado riesgos de erosión costera, modificaciones en corrientes marinas y afectaciones a la disponibilidad de agua en comunidades cercanas.
Organizaciones como Salvemos Cuyutlán sostienen que la propia Manifestación de Impacto Ambiental reconoce impactos ambientales permanentes sobre el ecosistema, entre ellos pérdida de biodiversidad, afectaciones a vestigios arqueológicos y consecuencias para el turismo local, por lo que exigen que el desarrollo portuario garantice el derecho a un medio ambiente sano y el cumplimiento pleno de la legislación ambiental y los mecanismos de participación ciudadana.