De 12 a 5 años: Tribunal recorta inhabilitación a Noriega

Colima, México, Avanzada (22/04/2026).- El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Colima (TSJE) redujo la sanción impuesta al exsecretario de Planeación y Finanzas del gobierno de Ignacio Peralta Sánchez, Carlos Arturo Noriega García, al inhabilitarlo para ocupar cargos públicos por cinco años y seis meses, en lugar de los 12 años que había determinado el Congreso del Estado.

La sentencia, emitida por el Pleno del Tribunal en su calidad de jurado de sentencia dentro del juicio político 01/2025, fue publicada el pasado 28 de marzo en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. En ella, aunque se confirmó la procedencia del juicio político contra el exfuncionario, se modificó la sanción originalmente aprobada por el Poder Legislativo el 26 de noviembre.

En los resolutivos quinto y sexto, el Tribunal estableció la inhabilitación por un periodo de cinco años y seis meses para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones en el servicio público, contados a partir de la emisión de la resolución. Asimismo, ordenó notificar la sentencia al Congreso del Estado y a las partes involucradas, así como su publicación oficial, conforme a la Ley de Juicio Político del Estado de Colima.

Los magistrados determinaron que no todas las acusaciones formuladas por el Congreso eran procedentes. En particular, declararon improcedente el juicio político por la conducta de usurpación de funciones. No obstante, sí consideraron acreditadas faltas graves relacionadas con infracciones a los planes, programas y presupuestos autorizados; violaciones al principio de legalidad, y transgresiones a disposiciones constitucionales y legales que habrían generado afectaciones a las instituciones públicas.

De acuerdo con la sentencia, el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (OSAFIG), promovente del juicio, acusó que el 23 de febrero de 2018 Noriega García, en su calidad de titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas, celebró un convenio de préstamo con garantía inmobiliaria con el Instituto de Suelo, Urbanización y Vivienda del Estado de Colima por hasta 200 millones de pesos, sin contar, según la acusación, con sustento legal ni facultades acreditadas para ello.

Además, se señaló que dicho convenio no fue contemplado en los Presupuestos de Egresos de los ejercicios fiscales 2018, 2019 y 2020, y que derivó en diversas disposiciones de recursos. El Tribunal también tomó en cuenta que el exfuncionario no presentó informe ni ofreció pruebas en su defensa dentro del procedimiento, por lo que se tuvo por precluido su derecho en esa etapa.

Cabe recordar que el 26 de noviembre de 2025, como Jurado de Acusación, el Congreso del Estado aprobó, con 17 votos de Morena, PT y PVEM, y la abstención de PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, la inhabilitación por 12 años, derivada de los expedientes de juicio político 03/2022 y 04/2022.