¿Después de los capos, siguen los funcionarios? Cuestiona De Mauleón sobre las “ofrendas” a Trump

Avanzada (23/01/2026).- En su más reciente videocolumna titulada “La encrucijada de la Presidenta”, publicada en el portal Latinus, el periodista Héctor de Mauleón planteó un escenario ante la presión constante del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para frenar el tráfico de fentanilo, el gobierno de México habría optado por entregar de manera sistemática a narcotraficantes como moneda de cambio diplomática, al grado de estar vaciando las cárceles de capos y mandos medios del crimen organizado.

De acuerdo con De Mauleón, esta estrategia comenzó hace casi un año, cuando, frente a la amenaza de Trump de imponer aranceles a productos mexicanos, la administración de Claudia Sheinbaum expulsó a Estados Unidos a 29 narcotraficantes de alto perfil. Entre ellos se encontraban figuras emblemáticas del crimen organizado como Rafael Caro Quintero; los líderes de Los Zetas, Miguel Ángel Treviño Morales, el Z40, y su hermano Omar, el Z42; Antonio Ceguerra Cervantes, hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, y José Ángel Canobbio, el Güerito, lugarteniente de “Los Chapitos” y uno de los principales operadores en la distribución de fentanilo para el Cártel de Sinaloa.

Esa entrega, subraya el periodista, se realizó apenas horas antes de una reunión entre funcionarios del gabinete de seguridad mexicano y el entonces secretario de Estado, Marco Rubio, cuyo objetivo era discutir precisamente la amenaza arancelaria, bajo el argumento de Washington de que México no hacía lo suficiente contra el narcotráfico.

Las presiones no cesaron. En agosto de 2025, ante nuevos plazos y exigencias del gobierno estadounidense, México habría entregado un segundo paquete, ahora de 26 delincuentes de alto perfil. En ese grupo figuraban Abigael González Valencia, el Cuini, líder del CJNG; Servando Gómez Martínez, La Tuta, exjefe de La Familia Michoacana y de Los Caballeros Templarios; Juan Carlos Félix Gastélum, el Chavo Félix, operador cercano a Ismael “El Mayo” Zambada, así como Kevin Hill Acosta, Martín Azzueta Pérez y Leobardo García Cor, todos vinculados al Cártel de Sinaloa.

El martes pasado, casi un año después de la amenaza inicial de imponer un arancel del 25% a productos mexicanos y en medio de una nueva escalada retórica de Trump —que incluyó la posibilidad de ataques militares dentro del territorio nacional—, el gobierno de Sheinbaum anunció la expulsión de otros 37 narcotraficantes, el paquete más numeroso hasta ahora. Entre los nombres destacan Pedro Insunza Noriega, líder del cártel de los Beltrán Leyva y primer narcotraficante mexicano designado como “narcoterrorista” por el gobierno estadounidense; Armando Gómez Núñez, Delta, jefe de una célula de élite del CJNG, y José Luis Sánchez Valencia, el Chalamán, familiar directo del Mencho, detenido en Colima en 2025.

Sin embargo, De Mauleón advierte que en esta tercera “ofrenda” la mayoría de los expulsados ya no son figuras de primer nivel, sino operadores de bajo perfil, lo que pone en duda su utilidad para los objetivos que Trump ha reiterado: desmontar las redes de tráfico de fentanilo responsables de más de 300 mil muertes en Estados Unidos.

Con esta última entrega, suman ya 92 narcotraficantes mexicanos expulsados, lo que, según el periodista, da la impresión de que en las prisiones del país se han agotado los grandes capos y que al gobierno mexicano le quedan cada vez menos cartas para negociar frente a Washington.

El contexto agrava la incertidumbre. Hace un año, tras un comunicado de la Casa Blanca que habló de una “alianza intolerable” entre el gobierno mexicano y los cárteles, el director de la DEA, Terry Cole, afirmó que en México los narcotraficantes trabajaban “codo con codo” con funcionarios de alto nivel, al punto de que era difícil distinguir entre cárteles, policías, fuerzas militares y autoridades federales. Antes, Marco Rubio había acusado a Andrés Manuel López Obrador de haber entregado el país al crimen organizado, y el propio Trump instruyó a la fiscal Pam Bondi a investigar los nexos de políticos mexicanos con el narcotráfico.

Lejos de moderarse, la presión continuó. En semanas recientes, Rubio volvió a exigir resultados “tangibles, inmediatos y verificables” en el combate al narcotráfico, al considerar inaceptable cualquier avance gradual.

El cuestionamiento que plantea De Mauleón es: si ya no quedan grandes capos en las cárceles mexicanas, ¿cuáles serán las próximas “ofrendas” para calmar las exigencias de Donald Trump? ¿Se avanzará hacia funcionarios y políticos señalados por colaborar con el crimen organizado? En esa encrucijada, concluye, se encuentra hoy la presidenta de México.

*Imagen tomada del portal informativo Latinus.us.