Congreso destituye a la presidenta de Perú por “incapacidad moral permanente”

Avanzada (10/10/2025).- El Congreso de la República del Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte mediante una votación unánime por “incapacidad moral permanente”. De los 130 parlamentarios, 124 emitieron su voto en favor de la vacancia, sin votos en contra ni abstenciones. La decisión se produjo en medio de un ambiente político profundamente convulso marcado por una aguda crisis de seguridad ciudadana y crecientes escándalos de corrupción. 

El detonante inmediato fue un tiroteo ocurrido durante un concierto de Agua Marina en Lima, que dejó varios heridos y avivó la indignación de la sociedad frente a la incapacidad del Ejecutivo para contener la ola de delitos, que incluye extorsiones y homicidios en niveles récord. 

Poco después de que se declarara la vacancia, José Jerí, presidente del Congreso desde julio de este año, fue juramentado como presidente interino. Su asunción se dio en cumplimiento del artículo 115 de la Constitución, que establece que el titular del Congreso sucede al presidente cuando este queda impedido o se produce su vacancia. Jerí deberá conducir al país hasta la conclusión del mandato constitucional, prevista para el 28 de julio de 2026, tras las elecciones generales programadas para abril. 

Durante el debate parlamentario, diversos bloques que hasta entonces habían sostenido al Ejecutivo se sumaron a la moción, acusando a Boluarte de negligencia frente a la inseguridad, de permitir o no impedir graves violaciones a los derechos humanos durante protestas, de corrupción y de escándalo en torno a bienes de lujo como relojes cuyos orígenes no habrían sido explicados satisfactoriamente. 

Bolu­arte, que asumió la presidencia en diciembre de 2022 tras la destitución de Pedro Castillo, sufre desde hace tiempo un severo desgaste político. Su desaprobación se situaba en apenas entre el 2 % y 4 % o algo cercano, lo que reflejaba una pérdida casi total de apoyo popular. 

José Jerí, al asumir, prometió adoptar una postura enérgica frente al crimen, que en los últimos meses se ha disparado, y generar las condiciones para una transición ordenada hacia las elecciones previstas. El país enfrenta la tarea urgente de restaurar la confianza en sus instituciones, estabilizar un clima de gobernabilidad deteriorado y responder a demandas sociales que exigen seguridad, justicia y transparencia.