Colima, México, Avanzada (14/09/2025).– A casi cuatro años de iniciado el gobierno de Indira Vizcaíno Silva, y tras reiteradas denuncias de incumplimiento en los compromisos de pago al Instituto de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (Ipecol), la administración estatal y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (STSGE) acordaron iniciar la constitución de un fideicomiso irrevocable de administración y fuente de pago, con el que se busca garantizar la liquidación del adeudo histórico.
El nuevo esquema, presentado por funcionarios de la administración estatal a la comisión negociadora sindical, contempla un cronograma de trabajo que concluirá en la primera quincena de febrero de 2026, lo que implica que la solución definitiva quedará enmarcada en la parte final del actual sexenio, que culmina en 2027.
La reunión celebrada en Casa de Gobierno fue encabezada por el jefe de la Oficina de la Gubernatura, Eduardo Jurado Escamilla; el secretario general de Gobierno, Eloy García Alcaraz; la secretaria de Finanzas, Fabiola Verduzco Aparicio, y la subsecretaria de Administración, Noemí Sofía Herrera Núñez.
Por parte del STSGE, encabezó la comisión el secretario general Martín Flores Castañeda, acompañado de integrantes del Comité Ejecutivo, quienes recibieron la propuesta gubernamental. Según lo informado, el fideicomiso será la vía jurídica y financiera para administrar recursos que permitan cubrir la deuda con el Ipecol, misma que asciende a varios cientos de millones de pesos.
El planteamiento establece que a partir de septiembre se iniciará con la programación de pagos, la cual será presentada ante el Consejo de Pensiones para su análisis y eventual aprobación.
De los convenios a la desconfianza
Cabe recordar que, desde el inicio de su gobierno en 2021, Indira Vizcaíno Silva se comprometió a regularizar los adeudos heredados de la administración anterior, encabezada por José Ignacio Peralta Sánchez, a través de convenios de pago escalonados.
Sin embargo, ya en marzo de 2024, el propio dirigente sindical Martín Flores denunció públicamente que el Ejecutivo estatal había incumplido los plazos pactados en convenios anteriores, señalando como ejemplo un acuerdo que vencía en enero de ese año y que no fue respetado.
Estos incumplimientos generaron presión sindical y exigencias de nuevas garantías. Ahora, la constitución de un fideicomiso irrevocable es presentada como un mecanismo que pretende dar certeza jurídica al cumplimiento de los pagos.
El hecho de que el cronograma concluya en febrero de 2026 —un año antes de que Vizcaíno Silva finalice su mandato— coloca al actual gobierno en la disyuntiva de tener que cumplir con un compromiso financiero de largo alcance en la recta final de su administración.
Sectores del sindicalismo consideran que diferir la solución hasta esa fecha es un riesgo, pues de no concretarse el fideicomiso o de incumplirse nuevamente las proyecciones de pago, la deuda podría heredarse al siguiente gobierno, tal como ocurrió en la transición de José Ignacio Peralta a Indira Vizcaíno.
Un agradecimiento con matices
Al término del encuentro, el dirigente sindical Martín Flores saludó a la gobernadora Indira Vizcaíno e intercambió puntos de vista sobre la propuesta, agradeciendo la “disposición para continuar con el diálogo constructivo” y la búsqueda de certeza jurídica en el pago al Ipecol.
No obstante, la necesidad de blindar el acuerdo con un fideicomiso revela la falta de confianza en que los compromisos anteriores pudieran cumplirse sin un andamiaje jurídico que obligue a la administración estatal.
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