Vincularon a proceso a 317 policías en Jalisco por desaparición forzada

En Jalisco, al menos 317 servidores públicos han sido procesados por desaparición forzada desde 2018, evidenciando la infiltración del crimen organizado en cuerpos policiales. Expertos advierten una grave crisis institucional y exigen acciones coordinadas entre los tres niveles de gobierno.

Jalisco, México, Avanzada (07/08/2025).- En Jalisco, cada vez son más frecuentes los señalamientos contra cuerpos policiacos municipales acusados de participar directamente en desapariciones forzadas. El patrón se repite: agentes interceptan a personas bajo supuestas actitudes sospechosas, las suben a patrullas oficiales y, desde ese momento, nada más se sabe de ellas.

De acuerdo con cifras oficiales de la Fiscalía del Estado, entre diciembre de 2018 y junio de 2025 han sido judicializados 317 funcionarios públicos por este delito. Las investigaciones apuntan a que, en al menos 31 de las 125 comisarías del estado, hay elementos que han sido acusados formalmente de participar en estas prácticas, muchas veces en complicidad con organizaciones del crimen organizado.

Un caso que ejemplifica esta problemática es el de Jesús “N”, exsubdirector de la Policía Municipal de Casimiro Castillo, sentenciado a 50 años de prisión por su participación en la detención ilegal de un civil, a quien posteriormente entregó a un grupo delictivo. La víctima fue agredida y murió horas más tarde.

Para el académico Francisco Jiménez Reynoso, especialista en temas de seguridad en la Universidad de Guadalajara, este tipo de sentencias confirman la crisis institucional que enfrenta el estado.

“Es una prueba de que algunas corporaciones han sido cooptadas por el crimen organizado. No entregan a los detenidos a la autoridad judicial, sino directamente a los grupos criminales”, señaló.

Durante 2025, se han documentado al menos cuatro nuevos casos que involucran a policías municipales:

Cinco agentes de la Comisaría de Poncitlán fueron arrestados en enero por omitir presentar ante la autoridad a personas detenidas. En febrero, dos policías de Zapopan, Rafael R. y Javier C., fueron vinculados a proceso por la desaparición de una persona en 2019. Otro elemento de la misma corporación es investigado por su presunta participación en el asesinato de una familia en San Cristóbal de la Barranca, incluyendo dos menores. Además, la desconfianza hacia las corporaciones derivó en el desarme total de las policías de Teocaltiche y Villa Hidalgo, luego de la desaparición de ocho agentes y sospechas de encubrimiento a grupos delictivos.

Jiménez Reynoso subrayó que este fenómeno requiere una respuesta conjunta de los tres niveles de gobierno. Considera que la federación debe investigar a fondo y judicializar los casos; los municipios, depurar a sus elementos; y el estado, implementar filtros más estrictos para evitar que criminales se infiltren en los cuerpos de seguridad.

“Es indispensable garantizar que quienes tienen la responsabilidad de cuidar a la población no estén al servicio de intereses criminales”, advirtió.

Más allá de la corrupción, esta situación representa una amenaza directa a la seguridad y derechos de miles de personas en Jalisco.