Expediente contra Rocha Moya sigue la misma ruta judicial que el de “El Nini”

La acusación presentada en Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios estatales se desprende del mismo proceso judicial iniciado en 2023 contra Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, líderes de “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa.

Ciudad de México, Avanzada (09/05/2026).- La acusación formal presentada el pasado 29 de abril por autoridades de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios, forma parte del expediente judicial abierto en el Distrito Sur de Nueva York contra Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán y señalados como líderes de “Los Chapitos”.

De acuerdo con información publicada por Aristegui Noticias, el origen del caso se remonta al 14 de abril de 2023, cuando la Fiscalía de Estados Unidos reveló cargos por tráfico de fentanilo, armas y lavado de dinero contra 28 personas, entre ellas 23 ciudadanos mexicanos vinculados al Cártel de Sinaloa.

Dentro de ese expediente se incluyó a Néstor Isidro Pérez Salas, alias “El Nini”, identificado como jefe de seguridad de “Los Chapitos” y señalado por autoridades estadounidenses como uno de los responsables del llamado “Culiacanazo”.

“El Nini” fue detenido en noviembre de 2023 en Culiacán por fuerzas federales mexicanas y extraditado a Estados Unidos en mayo de 2024. Tras su traslado, el entonces presidente estadounidense, Joe Biden, agradeció públicamente al gobierno mexicano por la entrega del presunto operador criminal.

Posteriormente, fiscales estadounidenses ampliaron las acusaciones en su contra por delitos relacionados con delincuencia organizada, tráfico de fentanilo, lavado de dinero y obstrucción a la justicia, derivada presuntamente del secuestro y asesinato de un informante.

Según el reporte de Aristegui Noticias, las acusaciones tanto contra “El Nini” como contra los funcionarios sinaloenses fueron avaladas por un Gran Jurado en Estados Unidos, mecanismo judicial que determina si existe causa probable para iniciar un proceso penal.

En el caso más reciente, el Gran Jurado formalizó acusaciones contra Rubén Rocha Moya; el senador y exsecretario general de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez; el exsecretario de Finanzas, Enrique Díaz Vega; el vicefiscal Dámaso Castro Zaavedra; así como exmandos policiacos y funcionarios de seguridad de Sinaloa y del municipio de Culiacán.

La acusación presentada por el Departamento de Justicia estadounidense derivó en solicitudes de detención con fines de extradición, mismas que fueron recibidas por el gobierno mexicano el 28 de abril de 2026, según confirmó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

No obstante, tanto la Cancillería mexicana como la Fiscalía General de la República (FGR) sostuvieron que las autoridades estadounidenses no entregaron pruebas suficientes para proceder de inmediato contra los señalados.

Morena también expresó respaldo al gobernador sinaloense y calificó como “preocupante” la difusión pública de las solicitudes de extradición, argumentando posibles violaciones al debido proceso y a la confidencialidad de los tratados de cooperación bilateral.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó posteriormente que, si no existen pruebas claras, las imputaciones podrían responder a motivaciones políticas y advirtió que México no permitirá injerencias extranjeras en asuntos internos.

Sin embargo, especialistas en derecho internacional y extradición cuestionaron esa postura. Durante una entrevista en Aristegui en Vivo, el analista Edgardo Buscaglia aseguró que exigir pruebas concluyentes antes de una extradición “es un disparate jurídico”, ya que el objetivo inicial del proceso es acreditar causa probable y no demostrar culpabilidad definitiva.

Buscaglia sostuvo además que la reacción de las instituciones mexicanas evidencia la permanencia de un “pacto político de impunidad mafiosa”, al considerar que en otros casos México ha concedido extradiciones con menores requisitos probatorios.

En la misma línea, Alberto Islas Torres, CEO de Global Leading Solutions, publicó un análisis sobre el Tratado de Extradición México–Estados Unidos, en el que señaló que las acusaciones emitidas en Nueva York pasaron previamente por filtros judiciales internos y autorización de un juez federal estadounidense.

El especialista advirtió que rechazar una detención provisional podría interpretarse como una violación al tratado bilateral de extradición entre ambos países.