Judicialización del periodismo: aumentan procesos contra comunicadores en México

EDITORIAL

En los últimos años, México ha registrado un aumento alarmante de demandas civiles y denuncias penales presentadas por funcionarios públicos contra periodistas y medios de comunicación, como parte de una estrategia sistemática de acoso judicial que, según organizaciones defensoras de la libertad de expresión, busca intimidar, desgastar económicamente o censurar a la prensa crítica.

De acuerdo con datos de ARTICLE 19, entre diciembre de 2018 —inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador— y junio de 2025, se han documentado al menos 105 casos de acciones legales promovidas por autoridades contra periodistas. Estas incluyen demandas por daño moral, denuncias penales por difamación o calumnias, y solicitudes de medidas cautelares para restringir contenidos.

Aunque algunas de estas acciones provienen de actores locales, también figuran gobernadores, alcaldes, legisladores y titulares de dependencias federales, lo que confirma el uso creciente del poder político y del sistema judicial para reprimir el trabajo periodístico incómodo o crítico.

CASOS RECIENTES Y EMBLEMÁTICOS

Uno de los casos más recientes ocurrió en Campeche, donde la gobernadora Layda Sansores San Román presentó una demanda por daño moral contra el periodista Jorge Luis González, director del portal Palabra de Campeche, por publicaciones relacionadas con presuntos actos de corrupción en su administración. La mandataria solicitó también medidas cautelares para impedir la difusión de nuevos contenidos. No obstante, apenas el 11 de julio pasado, un tribunal colegiado federal resolvió a favor del periodista, al considerar que dichas medidas eran inconstitucionales por constituir censura previa.

En Baja California, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda presentó en 2024 una demanda civil contra el Semanario ZETA por la publicación de reportajes sobre presuntos vínculos de su administración con actos de corrupción y violencia política. El medio fue notificado judicialmente y ha sostenido que se trata de una represalia por su línea editorial independiente.

En Hidalgo, el exgobernador Omar Fayad Meneses ha sido señalado por ARTICLE 19 por haber emprendido acciones judiciales contra reporteros que documentaron irregularidades durante su gestión. En Michoacán, periodistas como José Maldonado han sido denunciados penalmente por funcionarios municipales tras publicar notas críticas.

En Jalisco, el comunicador Jesús Lemus Barajas, autor de investigaciones sobre narcotráfico y corrupción política, ha enfrentado más de una decena de procesos judiciales desde 2019, incluyendo denuncias por “amenazas” y “daño moral”, que —según ha señalado públicamente— han sido utilizadas para hostigarlo e intentar desacreditarlo.

SLAPPs: CENSURA LEGALIZADA

Organizaciones como ARTICLE 19, Propuesta Cívica y el CPJ han advertido que estos procesos constituyen Litigios Estratégicos contra la Participación Pública (SLAPP, por sus siglas en inglés), una táctica legal abusiva con la que se busca silenciar o castigar la expresión crítica y desalentar la participación democrática.

En su más reciente informe sobre libertad de expresión, ARTICLE 19 destaca que los funcionarios públicos “están usando el aparato judicial para revertir el estándar constitucional que establece que quienes ejercen funciones públicas deben tener mayor tolerancia a la crítica y al escrutinio”. La organización ha documentado cómo en varios de estos casos los jueces han admitido demandas sin el debido análisis sobre el interés público de las publicaciones o el papel social del periodista.

Además, se han detectado inconsistencias en la aplicación de medidas cautelares, como ocurrió en Campeche, donde un juez ordenó al periodista González eliminar contenido antes de que existiera sentencia definitiva. Estas decisiones violan los principios constitucionales establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha reiterado en diversos fallos que la censura previa está prohibida en México.

CRIMINALIZACIÓN Y AUTOCENSURA

Aunque la difamación y la calumnia fueron despenalizadas en el ámbito federal desde 2007, varios códigos penales estatales aún contemplan delitos contra el honor y son usados por autoridades locales para criminalizar la actividad periodística. En estados como Chiapas, Puebla, Guanajuato y Veracruz, periodistas han sido citados, detenidos o procesados por publicaciones incómodas para el poder.

Esto ha provocado un efecto de autocensura en diversas regiones del país, especialmente en contextos de violencia estructural o control político sobre el Poder Judicial. Varios comunicadores han optado por el exilio interno, el anonimato digital o el cierre de sus proyectos, ante el alto costo legal, emocional y económico que implica enfrentar una demanda o proceso penal.

LLAMADOS A UNA REFORMA LEGAL

Ante este panorama, organizaciones nacionales e internacionales han insistido en la necesidad de impulsar una legislación federal que frene los litigios abusivos contra periodistas y garantice mecanismos eficaces para la defensa de la libertad de expresión.

Propuesta Cívica ha promovido desde 2023 una iniciativa para incorporar a la legislación mexicana el concepto de SLAPP, tal como se ha hecho en países como Estados Unidos y Canadá, donde existen recursos legales para desestimar de forma expedita las demandas infundadas que buscan intimidar a los comunicadores.

UN PROBLEMA QUE TRASCIENDE GOBIERNOS

A pesar de que el expresidente Andrés Manuel López Obrador aseguró en reiteradas ocasiones que su gobierno “garantiza la libertad de expresión como nunca antes”, los hechos documentados por organizaciones independientes demuestran que la judicialización del periodismo ha crecido incluso bajo su mandato.

Si bien no todos los casos derivan de acciones promovidas por el Ejecutivo federal, lo cierto es que la falta de un pronunciamiento claro, contundente y con consecuencias contra estas prácticas ha favorecido su expansión.

Como ha señalado ARTICLE 19: “No basta con no matar periodistas; también hay que impedir que se les calle por otras vías, como el hostigamiento judicial, la difamación desde el poder o la presión económica”.