Diputados omiten comparecencia de Secretario ante crisis de seguridad

Colima, México, Avanzada (28/05/2025).- La grave crisis de violencia que sacude a Colima, una de las entidades más golpeadas por el crimen organizado en el país, no encuentra eco en el Congreso del Estado. Pese a que los homicidios dolosos continúan en ascenso, colocando a la entidad en los primeros lugares nacionales de violencia, la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil del Poder Legislativo permanece en un silencio que indigna a la ciudadanía.

El reciente ataque armado en una vivienda de Villa de Álvarez —donde una mujer adulta mayor fue asesinada y dos menores, de cinco y diez años, resultaron gravemente heridos— ilustra la magnitud de la crisis. Sin embargo, ni este caso ni los cada vez más frecuentes episodios de vehículos incendiados y ataques con armas de fuego han motivado a los diputados locales a ejercer las facultades que les otorga la ley.

La Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima faculta expresamente a las comisiones legislativas para llamar a comparecer a los titulares de dependencias estatales. En este contexto, el responsable directo de la seguridad pública es el contralmirante Gerardo Romero Santana, quien, hasta el momento, no ha sido citado por los legisladores para rendir cuentas ni explicar las acciones implementadas para frenar la ola delictiva.

La Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil está conformada por los diputados Betzaida Luz Alondra Pinzón Carreto (presidenta), Álvaro Lozano González y Hilda Lizette Moreno Ceballos (secretarios), quienes perciben remuneraciones mensuales que superan los 100 mil pesos, incluyendo dieta parlamentaria, apoyos legislativos y un bono adicional de 30 mil pesos por presidir o integrar comisiones. Sin embargo, estos ingresos no se han traducido en una respuesta institucional acorde con la gravedad del momento.

Lejos de cumplir con su papel de contrapeso y vigilancia del Ejecutivo, los diputados han optado por el mutismo, dejando a la ciudadanía en un estado de indefensión y profundizando el descrédito del Congreso local. La falta de voluntad política es evidente: los mecanismos legales existen, pero no se aplican. Mientras tanto, las víctimas de la violencia siguen acumulándose y la inseguridad se convierte en el rostro cotidiano de Colima.

El contraste entre el silencio legislativo y el clamor popular por justicia, seguridad y rendición de cuentas es cada vez más evidente. La omisión del Congreso en citar a comparecer al Secretario de Seguridad no solo agravia a las víctimas directas, sino que perpetúa una cultura de impunidad que mina la confianza ciudadana en las instituciones.

*En la fotografía: los diputados integrantes de la Comisión de Seguridad Pública y el secretario, participando en una clase de box.