Colima, México, Avanzada (16/05/2025).- En Colima, las manifestaciones se han convertido en una vía cada vez más recurrente para que la población exija el respeto a sus derechos. Esta semana, diversos sectores sociales han alzado la voz para denunciar situaciones de abuso laboral, incumplimientos gubernamentales y falta de servicios públicos.
El conflicto más reciente involucra a los trabajadores de la Aduana de Manzanillo, quienes han intensificado su jornada de protesta en contra del hostigamiento laboral y las extenuantes condiciones de trabajo a las que aseguran ser sometidos. Hasta la noche de este jueves, el paro laboral continuaba, afectando el flujo de actividades en uno de los principales puntos aduaneros del país.
El pasado 14 de mayo, docentes y trabajadores de la educación adheridos al movimiento 28-30 también se manifestaron frente a la Secretaría de Educación en Colima. Su reclamo se centra en el incumplimiento gubernamental respecto a la mejora de las condiciones de jubilación de los trabajadores federalizados y la eliminación de las cuentas individuales que, según denuncian, afectan gravemente al magisterio. Además, exigen la derogación de la Ley del ISSSTE vigente porque lesiona sus derechos.
Ese mismo día, habitantes del municipio de Cuauhtémoc protagonizaron un plantón frente a las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) rumbo a Villa de Álvarez. La razón de la protesta fue la falta de suministro eléctrico que padecen desde septiembre del año pasado, situación que ha afectado significativamente su calidad de vida.
En el ámbito de la salud, trabajadores de los hospitales públicos del IMSS Bienestar también expresaron su inconformidad. Con mantas y mensajes colocados en los propios centros de trabajo, médicos, enfermeras y personal administrativo denunciaron la falta de materiales y equipos adecuados para realizar sus labores, trabajando bajo protesta en demanda de mejores condiciones.
Por otra parte, colectivos feministas expresaron su inconformidad a través de redes sociales, señalando al fiscal Bryant García Ramírez por presuntas agresiones verbales contra una madre buscadora. Las agrupaciones han exigido una postura clara de las autoridades ante lo que consideran una revictimización y falta de sensibilidad.
A estas expresiones de descontento se sumó una movilización encabezada por familiares de personas desaparecidas y colectivos de derechos humanos en fechas recientes, bajo el lema “Teuchitlán Nunca Más”. La marcha partió de la Plaza de los Desaparecidos y culminó en Casa de Gobierno, donde, como ya es costumbre, ninguna autoridad salió a recibirlos. Ahí denunciaron la negligencia estatal ante la crisis de desapariciones, la impunidad y la falta de recursos. Dejaron veladoras, zapatos y fotografías como símbolo del vacío que han dejado sus seres queridos y del abandono institucional que enfrentan.