La reforma de Bedolla: el preludio de la censura

Editorial

La iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Michoacán para tipificar la apología del delito, presentada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, generó una profunda preocupación en el Colectivo de Periodistas#NiUnoMás Michoacán y en la sociedad en general. La propuesta de decreto plantea incluir como autores o partícipes del delito a quienes expresen ideas que incentiven la criminalidad, lo que podría ser utilizado para perseguir a periodistas que realizan coberturas sobre inseguridad y delincuencia.

La adición de la fracción IX al artículo 24 propone incluir como autores o partícipes del delito a “los que expresen ideas, promocionen o expongan argumentos por cualquier medio que incentiven la criminalidad”.

La incorporación del artículo 163 quinquies plantea: “Al que provoque públicamente a cometer un delito, incite al consumo de sustancias ilícitas, o haga apología de éstos, se le impondrán de tres a seis meses de prisión y de ochenta a ciento cincuenta UMAS, si el delito no se ejecutare; en caso contrario, se le impondrá la pena que corresponda por su participación en el delito cometido. 

“Se aplicará la misma sanción a quien por medio de mantas, calcas, volantes, imágenes plasmadas, o cualquier otro medio u objeto haga alusión o promoción de grupos delictivos o personas vinculadas a los mismos”.

De acuerdo con #NiUnoMás Michoacán, la redacción del segundo párrafo del referido artículo abre la puerta a la violencia legal contra periodistas al incorporar los términos “imágenes plasmadas”, “o cualquier otro medio”, “que haga alusión” sobre grupos delictivos o personas vinculadas a los mismos, lo que consideramos implica un claro intento de censura sobre fotografías e informaciones que aludan al fenómeno delictivo en Michoacán.

Al no establecerse límites claros ni criterios objetivos sobre qué constituye “incentivar la criminalidad”, los periodistas corren el riesgo de censura y ser criminalizados. La redacción de la propuesta es ambigua y peligrosa, ya que podría ser utilizada para criminalizar el ejercicio periodístico y limitar la libertad de expresión.

La aprobación de esta iniciativa podría sentar un precedente peligroso para la libertad de expresión en Michoacán y daría pie a imitaciones en otras entidades del país. La criminalización del ejercicio periodístico podría tener un impacto negativo en la labor de los periodistas y en la capacidad de la sociedad para acceder a información veraz y oportuna.

Es fundamental que quienes integran la LXXVI Legislatura del Congreso del Estado realicen un análisis riguroso y profundo de la iniciativa promovida por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. Es necesario que se establezcan límites claros y criterios objetivos sobre qué constituye “incentivar la criminalidad” y que se garantice la inaplicabilidad del mandato en el caso de las informaciones generadas por el ejercicio periodístico.

La libertad de expresión es un derecho fundamental que está protegido por la Constitución Política de México y por tratados internacionales. Es fundamental que se garantice la libertad de expresión y que se proteja a los periodistas y a la sociedad en general de cualquier intento de censura o criminalización.

La iniciativa de reforma al Código Penal de Michoacán es un tema que requiere atención inmediata. Es fundamental que se realice un análisis riguroso y profundo de la propuesta y que se garantice la libertad de expresión y la protección de los periodistas. La sociedad en general debe estar alerta y exigir que se respeten los derechos fundamentales establecidos en nuestras leyes y tratados internacionales.