Las candidaturas para los juzgados especializados en el sistema penal acusatorio 

Estricto Derecho

Seguimos analizando las elecciones judiciales. En Colima utilizaremos 9 boletas, 6 para la elección de cargos federales y 3 para cargos estatales. De las 3 boletas estatales, una de color verde será para elegir a los 31 titulares de los juzgados de primera instancia, en todas las materias. En esta ocasión, revisaremos solamente las candidaturas de quienes aspiran a ocupar los 11 juzgados penales, para los cuales se están postulando un total de 15 candidaturas. Son 7 candidatas para 6 espacios de mujeres y 8 candidatos para 5 espacios de hombres.

Empezamos con las 7 candidatas mujeres. Primero, tenemos a cuatro juezas en funciones: Montserrat Brambila Ríos, en Colima; Perla de Jesús Martínez Guevara, en Tecomán; y María de los Ángeles Gallardo Castillo y Brenda Ivonne Zepeda Alcaraz, ambas en Manzanillo. Todas cuentan al menos con 6 y hasta más de 9 años de experiencia, solo en el ejercicio de la función jurisdiccional; tienen la capacidad, la preparación, la trayectoria requerida para el cargo, y pueden desempeñarlo con solvencia. Sin problema podríamos votar por ellas.

¿Quiénes son las otras 3 postulantes? Está Susana Gutiérrez Hernández, quien se desempeña como secretaria de toma de actas en el sistema penal acusatorio, con más de 15 años de servicio; después está Ana Yolanda López Saucedo, quien es secretaria de acuerdos del juzgado penal de Colima, con más de 21 años de servicio; y finalmente está Wendy Lisbeth García Nava, con 19 años de servicio, quien se desempeña como proyectista jurídico en la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, adscrita a la magistrada Lilia Hernández Flores. Las tres cuentan también con la preparación y la capacidad para ejercer el cargo de juezas penales.

Entonces, ¿a quién elegir? Las 7 candidatas cuentan con experiencia en la materia penal, todas tienen experiencia en la administración de justicia, aunque destacaría a las 4 juezas que ya han ejercido la función jurisdiccional; todas han estado en la institución por muchos años, y podríamos afirmar que las 7 son personas preparadas, capacitadas, para desempeñar esta responsabilidad. Será una pena que no resulte electa cualquiera de ellas para ejercer la función judicial a partir de octubre de 2025, pero al menos 6 de estos muy buenos 7 perfiles van a estar desempeñando el cargo de jueza penal, una vez que la ciudadanía lo decida.

En lo personal, ¿por quiénes votaría para juezas penales? En principio, elegiría a Montserrat Brambila, Perla Martínez Guevara, Ángeles Gallardo e Ivonne Zepeda, las cuatro juezas en funciones, porque las conozco desde hace muchos años y, además, las aprecio y respeto. En los otros dos espacios, elegiría a Ana Yolanda López Saucedo y a Susana Gutiérrez, a quienes también estimo y conozco desde hace bastante tiempo, porque creo que merecen la oportunidad de ejercer la función jurisdiccional. Descartaría a Wendy García debido a que, si bien la considero competente para el cargo, nunca ha mostrado independencia, ni autonomía de criterio.

Vamos ahora con los 8 candidatos varones, de entre los que elegiremos a 5 jueces penales. En primer término, están dos jueces que continúan en funciones en la ciudad de Colima: Carlos Alberto Gallegos Arellano y José Luis Torres Arreola; ambos son excelentes perfiles, preparados, capaces; han desempeñado la función jurisdiccional por más de 10 años y, evidentemente, está más que demostrada su idoneidad para el cargo, su experiencia en la materia penal, y sería muy bueno que resultaran electos para que sigan desempeñándose como jueces.

Enseguida, tenemos a otro juez, Rafael Llerenas Ruiz, que lleva varios años ejerciendo en el puerto de Manzanillo, y que, a diferencia de lo que acabamos de señalar respecto de los jueces anteriores, no merece continuar en el cargo, por su servilismo, por el proceder tan vil que desplegó el año pasado, durante el proceso electoral, cuando se prestó para ser cómplice de la Fiscalía Anticorrupción, al actuar como juez de consigna y determinar, aun con toda la evidencia en contra, que se procesara penalmente a Martha Zepeda del Toro, porque así convenía a los intereses de la gobernadora, permitiendo con su colaboración que se produjera esa descarada intromisión en las elecciones locales, la cual fue enmendada por dos magistraturas distintas del actual Tribunal Superior de Justicia, pero el daño ya se había producido. Qué lamentable que, al actuar así, Rafael Llerenas haya demostrado que carece de dignidad, que no respeta los valores que rigen la función judicial y, sobre todo, que no se puede confiar en él para que siga como juez.

Entonces, son 3 jueces penales que quieren repetir, 2 muy buenos, que deben continuar, y un tercero, que carece de independencia, que tampoco tiene dignidad, y menos ética, para poder desempeñar tan elevada responsabilidad.

¿Quiénes son los otros 5 aspirantes? En primer término, Johny Eleazar Alonso Sánchez, quien es académico y defensor particular en materia penal; luego está Jesús Alejandro Guerrero Peña, quien lleva bastante tiempo como defensor público en materia penal y, anteriormente, lo hacía de manera privada; sigue Rogelio Gutiérrez Preciado, quien labora para el Poder Judicial del Estado, como Secretario de Acuerdos del Juzgado Penal de Tecomán, y antes fue agente del Ministerio Público; a continuación, tenemos a Juan Francisco Márquez Rojas, quien también fue defensor público, además de asesor jurídico federal, y trabajó en la Contraloría Municipal de Manzanillo. Por último, está Elías Zamora Verduzco, homónimo del exgobernador, quien es asesor jurídico de víctimas y también fue agente del Ministerio Público.

Entonces, recapitulando, de los 8 perfiles que están postulándose para 5 espacios disponibles, 3 son jueces: 2 muy buenos que merecen continuar, y 1 que no debería de repetir. Del resto, tenemos a un funcionario judicial, Rogelio Gutiérrez, que tiene las credenciales para desempeñar el cargo, y que también estuvo antes en el Ministerio Público; y a otros cuatro aspirantes que han estado en el ámbito penal, no desde la función jurisdiccional, pero sí desempeñándose activamente como defensores, como asesores jurídicos o como agentes del Ministerio Público, siendo claro que cuentan con la experiencia requerida en dicha materia.

¿Por quiénes votaría? Considerando que elegiremos a 5 jueces penales, los dos primeros votos irían seguros para Carlos Gallegos y José Luis Torres, jueces en funciones. Los otros tres serían para Rogelio Gutiérrez, Johny Alonso y Alejandro Guerrero, aunque creo que también Francisco Márquez y Elías Zamora son perfiles valiosos. Definitivamente, por el que nunca votaría es por Rafael Llerenas, una vergüenza para la judicatura. Es cuanto.

OTROSÍ 1. Es terrible que, a más de un año de haberse producido el macabro hallazgo, la Fiscalía General del Estado apenas haya informado que, en Ixtlahuacán, Colima, encontraron 44 fosas, en las que había restos óseos de 44 personas. Esta omisión es particularmente grave, porque no es la primera vez que pasa algo así en nuestro estado y, sin embargo, ahora, tenemos que agregarle este proceder indebido por parte de la Fiscalía, al guardarse la información por más de un año, como si eso ayudara en algo a los familiares de las víctimas de estos delitos. Ojalá quedara alguna autoridad en Colima que pudiera llamar a cuentas a los responsables de esta omisión en un tema tan delicado como la desaparición de personas. Desafortunadamente, ya sabemos que aquí nunca pasa nada, todo está perfecto. ¿Hasta cuándo seguiremos padeciendo a estos funcionarios incompetentes que ni siquiera informan oportunamente estos hechos tan lamentables?

OTROSÍ 2. El pasado fin de semana, la policía municipal de Manzanillo nos regaló una joya, de esas que están volviéndose habituales en los gobiernos morenistas, porque imitaron a los policías de la gobernadora Indira Vizcaíno, al agredir a la ciudadanía, rociando a un buen número de personas con gas pimienta, para supuestamente restablecer el orden público. Fue un hecho tan vergonzoso, que hasta los artistas que se presentaron en esa ocasión se quejaron e hicieron público su reclamo en redes sociales. Parece que el epicentro de la transformación está cada día más tembloroso, viéndose afectado por movimientos telúricos frecuentes, que evidencian la grave incompetencia de quienes conforman el gobierno municipal. No hay justificación para actuar contra la ciudadanía de esa manera. Espero que se deslinden responsabilidades, se castigue a los responsables, y que la ciudadanía no olvide esta afrenta.

OTROSÍ 3. El presidente municipal de Colima debe tomar cartas en un asunto que involucra la aprobación de un convenio entre su administración y varios trabajadores que están luchando por sus bases, el cual apesta a corrupción. En ese acuerdo estarían involucrados un abogado que va como candidato a juez de distrito, funcionarios municipales, dirigentes sindicales y hasta un diputado local. Los trabajadores fueron presionados para que firmaran el documento o, de lo contrario, no podrían acceder a beneficios que ya obtuvieron previamente en los tribunales; además, se les está forzando a que acepten haber recibido supuestas cantidades que nunca se les entregaron, pero que sí serían erogadas. El tema requiere una investigación a fondo y, sobre todo, la aplicación de sanciones ejemplares.

OTROSÍ 4. El pasado fin de semana, Morena aprobó nuevas reglas para garantizar la ética en sus procesos internos y evitar prácticas como el nepotismo electoral y el uso de recursos privados para campañas; reglas que, al leerlas, parecería que tienen como destinataria a Indira Vizcaíno y su séquito, porque esas conductas ahora prohibidas son justo las que realizan, un día sí y otro también, ella y su círculo cercano. Según estas disposiciones, quedan prohibidos los viajes en primera clase, el uso de vehículos blindados, el turismo político, la seguridad privada excesiva, la participación en eventos internacionales sin justificación, la exhibición de lujos como joyas, ropa de diseñador, autos costosos o turismo de alto nivel. ¿Qué harán Indira y sus secuaces? Parece que tendrán que emigrar al extranjero o, quizá, en los próximos días renuncian a Morena, porque no soportan a esos moralistas (sus propios compañeros de partido), que pretenden arrebatarles el estilo de vida que tan cómodamente han llevado durante los últimos años con cargo al erario.