“¿Dónde carajos está el dinero de los trabajadores del Estado?”, cuestiona diputada a Meiners

Colima, México, Avanzada (24/10/2019).- En su comparecencia ante el Congreso del Estado con motivo de la glosa del IV Informe del gobernador, José Ignacio Peralta Sánchez, el titular de la Secretaría de Administración y Gestión Pública (SAGP) del gobierno estatal, Kristian Meiners Tovar, fue vapuleado por diputados locales por los adeudos del gobierno estatal y otros organismos al Instituto de Pensiones de Servidores Públicos del Estado de Colima (Ipecol), quienes exigieron una solución inmediata.

Un día antes, en el marco de una manifestación de protesta del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (STSGE), el director del Ipecol reconoció que tanto el Poder Ejecutivo como otras instancias le han dejado de pagar 179 millones de pesos en los últimos seis meses. 

“¿Dónde carajos está el dinero de los trabajadores del Estado?”, cuestionó la diputada morenista Blanca Livier Rodríguez Osorio a Meiners Tovar, en tanto que el diputado panista Fernando Antero Valle le preguntó si en su calidad de presidente del consejo del Ipecol estaría dispuesto a promover denuncias penales contra los funcionarios que han dejado de aportar los recursos a ese instituto, como los mandata la ley de la materia.

La diputada de Movimiento Ciudadano, Ma. Remedios Olivera Orozco, expuso que se han recibido diversas inconformidades por la operación del Instituto de Pensiones, ya que no se respetan los derechos y prestaciones con el nuevo esquema de pensiones, que aprobó la legislatura anterior de manera fast track, lo que generó desconfianza entre los trabajadores.

Otro de los temas abordados por la legisladora fue el cambio de modalidad de la seguridad social a los integrantes de los cuerpos de seguridad pública, sin embargo el secretario en la materia dijo que tal cambio no se realizado, a pesar de que la Auditoria Superior de la Federación ya le realizó una recomendación al respecto.  

El titular de la SAGP comentó que en la pasada sesión del Consejo del Ipecol se aprobó requerir el pago de los adeudos a las instituciones que adeudan recursos por concepto de pensiones, a quienes se les apercibió que de no cumplir con esa responsabilidad en el plazo de la siguiente reunión, que será este 31 de octubre, “se procederá con base en el marco normativo correspondiente”.

Kristian Meiners refirió que además del Poder Ejecutivo, son deudores del Ipecol los Ayuntamientos de Colima, Tecomán y Villa de Álvarez; la Fiscalía General del Estado; el Tribunal de Arbitraje y Escalafón (TAE); los sistemas DIF de los municipios de Cuauhtémoc e Ixtlahuacán; así como los organismos operadores de agua potable y alcantarillado de Cuauhtémoc y Armería.

Durante su intervención en el Congreso local, el funcionario estatal aprovechó para invitar a todas las entidades que no han hecho el entero de las aportaciones al Ipecol a que lo hagan lo más pronto posible.

Meiners añadió que la administración estatal está haciendo, en un entorno financiero muy adverso para los estados, todo el esfuerzo necesario para cumplir sus obligaciones en materia pensionaria.

Sobre los adeudos al Instituto de Pensiones, dijo que en la Secretaría de Administración se harán todos los ajustes que sean necesarios para poder apoyar a que se cumplan dichos compromisos y aseguró que con disciplina se pondrán al corriente lo más rápido posible.

Por su parte, la diputada Rodríguez Osorio anunció que en la próxima sesión ordinaria presentará un punto de acuerdo para ordenar al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig) una revisión fiscal al Ipecol y a la Secretaría de Planeación y Finanzas para que se aclare y resuelva de una vez por todas este asunto.

Asimismo, dijo que se iniciará un análisis de la viabilidad de ese instituto y si después de un estudio pertinente se determina que es necesario modificar, sustituir o abrogar la ley de pensiones, lo haremos, pues siempre será preferible corregir a tiempo que andar por las veredas equivocadas durante muchos años y que el trabajador tenga que pagar las consecuencias.

A su vez, el diputado Antero Valle advirtió que el Ipecol nació fracasado por la opacidad y por no ejercer las facultades que la ley le otorga, y que como Presidente del Consejo de Administración el secretario está obligado a responder los cuestionamientos y no derivarlos a la Secretaría de Finanzas.

Así también, cuestionó “la complicidad” entre el Gobierno del Estado y la Secretaría de Administración en migrar a los servidores públicos a una nueva modalidad de seguridad social, donde se les limitan sus prestaciones sociales.

Meiners Tovar expuso que lo más importante que se observa durante este sexenio es una estricta disciplina en el cumplimiento del presupuesto aprobado por el Congreso. 

Respecto al tema de Seguridad Social admitió que el Gobierno del Estado tiene un problema, ya derivado de una auditoria en 2014 determinó que no se estaba cumpliendo con la Ley y se le colocó un crédito fiscal a pagar en 4 años de 213 millones de pesos, de los cuales se han pagado 97 millones de pesos de capital. 

Dijo que se realizó una modificación al convenio firmado en 1998 para incorporar la modalidad 38 en los trabajadores de confianza, mediante el cual se salvaguarda la obligación de la prestación de los servicios médicos con base en el criterio sostenido por el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, que estipula el acceso a los servicios, sin restricciones ni tiempos de espera, y a su vez cumpliendo con la cotización a salario real.