La pérdida de la decencia de la nueva mafia en el poder 

ESTRICTO DERECHO

Para el oficialismo quizá no sea una pérdida significativa, porque ya les quedaba muy poca. Sin embargo, a los demás si nos asombra que hayan dejado de lado ese mínimo recato y se hayan propuesto, al costo que sea, controlar todos los poderes públicos. Lo ilustraremos con dos claros ejemplos sucedidos recientemente, relacionados con la llamada reforma judicial.

El primero de carácter federal, a cargo de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, convertida en un tribunal de consigna al servicio de los intereses del gobierno. Con esta reforma, inició el proceso electoral extraordinario que culminará con las elecciones judiciales a celebrarse el próximo mes de junio. Para ello, cada poder del estado constituyó su comité de evaluación. En este caso, al del Poder Judicial Federal le correspondía examinar a los aspirantes a juzgadores federales que postulará dicho poder. Sin embargo, a principios de año, detuvo el procedimiento de selección de candidaturas con motivo de suspensiones concedidas en diversos juicios de amparo.

Aspirantes inconformes con esta decisión la impugnaron ante la Sala Superior, misma que, el pasado 22 de enero, por mayoría de 3 votos contra 2, revocó los acuerdos del comité que paralizaban la selección de candidaturas y le ordenó que reanudara sus trabajos dentro de las 24 horas siguientes. Además, aprobó dar vista el Consejo de la Judicatura Federal respecto del juez de distrito que había concedido la suspensión, denunciar a este juez ante la Fiscalía General de la República y, como cereza del pastel, exhortar a la Suprema Corte para que resolviera diversos medios de impugnación relacionados con candidaturas a cargos de funcionarios judiciales.

El mismo 22 de enero, el presidente del Comité de Evaluación del Poder Judicial Federal informó a la Sala Superior la imposibilidad de cumplir lo ordenado, por subsistir las suspensiones dictadas en los juicios de amparo, ya que la Sala Superior no es superior jerárquico de los jueces de distrito, ni es competente para revisar las suspensiones que éstos concedan, y tampoco tiene atribuciones para dejarlas sin efecto. 

El 23 de enero, el Comité de Evaluación pidió a la Suprema Corte que dirima esta controversia, sobre la posibilidad de suspender judicialmente las actividades relacionadas con este proceso electoral extraordinario. Ese mismo día, la ministra presidenta admitió a trámite la solicitud y la turnó el asunto al ministro Gutiérrez Ortiz Mena; además, les otorgó medidas cautelares a los integrantes del Comité, para que no se les impongan medidas de apremio, ni se les sancione. 

Esto dio lugar al más grave despropósito jurídico del que se tenga memoria en la historia reciente de nuestro país: ante la intervención de la Suprema Corte, la magistrada presidenta de la Sala Superior inició de oficio un incidente de cumplimiento sustituto de la sentencia y, este lunes 27, nuevamente por mayoría de 3 votos contra 2, la Sala Superior tuvo por incumplida la sentencia que había emitido previamente, y vinculó a la Mesa Directiva del Senado para que dé continuidad al proceso de selección y lleve a cabo la insaculación pública correspondiente, entre la lista de aspirantes que el Comité de Evaluación del Poder Judicial Federal estimó que cumplieron los requisitos, y los que la Sala Superior ordenó incluir en la lista, a fin de que se sometan a consideración del Pleno de la Corte y, en caso de que dicho Tribunal no dé trámite o no apruebe los listados mencionados, la Mesa Directiva del Senado podrá remitir, de manera directa, las candidaturas insaculadas al Instituto Nacional Electoral, para continuar con el procedimiento electivo. Habrase visto…

¿Cómo pasó esto? Nadie sabe en qué momento la Sala Superior llegó a tener mayor jerarquía que la Suprema Corte, y se transformó en la “Suprema Sala Superior”, por encima de cualquier tribunal de nuestro país, y hasta de la Constitución. Por si fuera poco, la noche del 27 de enero, los cinco integrantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial Federal renunciaron a dichos cargos. Estemos atentos a la decisión que adoptará la Suprema Corte en este tema. 

El segundo ejemplo lo tenemos en el ámbito local, con los acuerdos aprobados en relación con las personas que integrarán los comités de evaluación para las elecciones judiciales estatales, derivado de la reforma a la Constitución local en relación con este tema, publicada el pasado 14 de enero en el Periódico Oficial, en la cual se replica esta disposición que ordena a cada poder que integre estos comités, conformado por cinco personas reconocidas en la actividad jurídica, que recibirán los expedientes de los aspirantes, evaluarán el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales e identificarán a quienes cuenten con los conocimientos técnicos necesarios para desempeñar con idoneidad el cargo y que se hayan distinguido por su honestidad, buena fama pública, competencia y antecedentes académicos y profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica.

Estos comités tienen la obligación de seleccionar los perfiles mejores calificados, observando los principios de honestidad, buena fama pública, competencia y antecedentes académicos y profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica, paridad de género, ética, transparencia, y garantizando la participación de las personas aspirantes acorde a los requisitos, condiciones y términos para ocupar dichos cargos. Evidentemente, deben ser perfiles que conozcan del tema y puedan realizar esta labor con solvencia.

Empero, el Congreso del Estado conformó su Comité con las siguientes cinco personas: Manuel Vega Zúñiga, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, por Nueva Alianza Colima; Esperanza Ramírez Vela, fiscal anticorrupción, por Morena; Paulina Urzúa, presidenta de INFOCOL, por el PT; Gilberto García Nava, padre del Fiscal General, por el PRI; y María Vanessa Flores Llerenas, por el Partido Verde. 

Mas tarde, el Tribunal Superior de Justicia del Estado siguió la línea del Legislativo, e integró su Comité con las siguientes cinco personas: Perla Magaly Prado Pérez, vicefiscal de justicia familiar y civil, soluciones alternas, prevención del delito y atención a víctimas; Ayizde Anguiano Polanco, comisionada de INFOCOL; Yanira Vargas Valle, jueza jubilada; Guillermo de Jesús Navarrete Zamora, magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa; y Héctor Manuel Ramírez Michel, juez jubilado.

Se advierte que cuando menos seis de los indicadosforman parte de algún órgano constitucional autónomo estatal; por ende, al realizar estas actividades comprometen a la institución a la cual ahora representan, y de la que no se ha sabido que pidan licencia. Como dice el pueblo sabio: no se puede estar en misa y, al mismo tiempo, andar en la procesión. 

Esto, dado que las entidades públicas señaladas presentan un rezago considerable, mismo que seguirá incrementándose, porque sus titulares estarán ocupados trabajando para los poderes que los designaron. Igualmente, el prestarse a representar esta farsa es un ultraje a la autonomía de los órganos que conforman, ya que la Comisión de Derechos Humanos, el INFOCOL, la Fiscalía General y el Tribunal de Justicia Administrativa, por así disponerlo nuestras constituciones federal y local, están facultados para promover controversias constitucionales y para ejercer acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, contra el propio Congreso, cuando los actos o las normas que éste emita sean violatorios de nuestra Carta Magna. 

¿Cómo podrían promover controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad, si sus titulares están prestándose a esta pantomima? Si los comités son opacos y violan el principio de máxima publicidad, ¿quién resolverá las impugnaciones respectivas, si las dos comisionadas de INFOCOL son parte de este circo electoral? Cuando se denuncie la corrupción en la que seguramente incurrirán los comités, ¿quién hará las investigaciones? ¿Será la propia fiscal anticorrupción denunciada? Han perdido la pizca de decencia que les quedaba..

Al proceder de esta manera, confirman que, como se ha repetido hasta el cansancio, el único fin que persigue la reforma judicial es someter al poder judicial para que el oficialismo lo colonice. Sin embargo, para cumplir dicho objetivo requerían de juristas experimentados, conocedores del tema, que les permitieran controlar el proceso. Ante la carencia de perfiles capaces, reclutaron antiguos empleados para que sean, como en el viejo régimen, los soldados de esta nueva mafia en el poder. Es cuanto. 

OTROSÍ 1. El 24 de enero quedó presentada la demanda en contra de la resolución del Tribunal Electoral del Estado en el tema de la revocación de mandato, para ver si es cierto eso de que el pueblo quita y el pueblo pone. Será la Sala Superior, esa cuya mayoría de tres magistrados se ha entregado en cuerpo y alma a los brazos del oficialismo, la que diga la última palabra. Para quienes se preguntan si vale la pena hacerlo, la respuesta es sí. Tenemos que agotar todas las instancias, dejar constancia de que se hizo el esfuerzo y, en su caso, de que la Sala Superior no estuvo a la altura. ¡Pronto lo sabremos!

OTROSÍ 2. ¿Y el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo del Estado de Colima?

OTROSÍ 3. Respecto al aguinaldo de la burocracia local, el cual fue gravado por los diputados locales oficialistas, se han admitido a trámite numerosas demandas de amparo, aunque no se les otorgaba la suspensión. Las quejas interpuestas contra estas negativas ya han empezado a ser resueltas por el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, en el sentido de conceder la medida cautelar solicitada. Si la gobernadora supiera Derecho, estaría preocupada…

OTROSÍ 4. En cuanto al nepotismo denunciado en el OSAFIG, la nueva Auditora Superior sigue aferrada a sostener en el cargo a sus familiares, al parecer con el apoyo del Fiscal General, quien la visitó de urgencia en su oficina el pasado 21 de enero, para “ilustrarla” acerca de que hacer en un tema así: apostarle a que la gente olvidé esta ilegalidad. Seguiremos insistiendo, mediante la presentación de los escritos respectivos, para recordarle que su actuar es indebido, como también lo es la omisión de la Comisión de Vigilancia del Legislativo local.