Texas ofrece tierras a Trump para construir instalaciones de deportación masiva

Avanzada (21/11/2024).- La comisionada de la Oficina General de Tierras de Texas, Dawn Buckingham, envió una carta al presidente electo de Estados Unidos, Donald J. Trump, ofreciendo 1,402 acres de tierra en el condado de Starr, Texas, para la construcción de instalaciones de deportación. Este terreno, ubicado a unas 35 millas al oeste de McAllen, sería destinado al procesamiento, detención y deportación de lo que Buckingham describe como “la mayor cantidad de criminales violentos en la historia de la nación”.

En la misiva, fechada el 19 de noviembre de 2024, Buckingham detalló que la propiedad fue adquirida recientemente por su oficina y que, tras la compra, se otorgó una servidumbre de 1.45 millas para permitir la construcción del Muro Fronterizo de Texas. La comisionada acusó al propietario anterior de bloquear la construcción del muro y de facilitar indirectamente actividades delictivas, como tráfico de personas y abuso sexual de migrantes.

Además, la funcionaria destacó los logros de su administración en la lucha contra el crimen en la frontera. Entre ellos, la Operación Flat Top, que aseguró y limpió Fronton Island, una isla en el río Grande que había sido utilizada por cárteles para actividades ilícitas. Según Buckingham, las acciones implementadas han reducido a cero la actividad delictiva en esa zona, considerada anteriormente como una de las más peligrosas de la frontera.

La propuesta subraya el compromiso de Texas con la política migratoria de línea dura defendida por Trump, quien asumirá nuevamente la presidencia en enero de 2025. Buckingham cerró su carta expresando su disposición para coordinar con el Departamento de Seguridad Nacional y otras agencias federales, destacando que la oferta busca reforzar la seguridad fronteriza y combatir la violencia del crimen organizado.

Esta acción reafirma las políticas de Texas en la colaboración estatal y federal para endurecer las medidas migratorias y aumentar la vigilancia en la frontera sur. Sin embargo, la propuesta podría generar reacciones mixtas entre grupos de derechos humanos y comunidades locales afectadas.