Querétaro, México, Avanzada (29/10/2024).- La situación de Esmeralda, una menor de 14 años que sufrió violencia sexual y ahora enfrenta un proceso penal por homicidio calificado en Querétaro tras un aborto espontáneo, ha generado indignación y cuestionamientos sobre el acceso a la justicia para menores víctimas de violencia en México.
En agosto de este año, Esmeralda, originaria de una comunidad indígena en Huimilpan, fue violentada sexualmente por un familiar tres años mayor que ella.
Producto de esta agresión, la menor quedó embarazada, aunque desconocía su estado hasta que un aborto espontáneo la llevó a ser atendida de emergencia. Pese a la situación, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Querétaro ha iniciado un proceso en su contra por presunto homicidio calificado, basándose en un peritaje que alega y asfixia mecánica del feto. Organizaciones feministas, como Adax Digitales, han denunciado irregularidades en el caso y revictimización hacia Esmeralda. Mayra Dávila, directora de la organización, indicó que el peritaje médico realizado tras la hospitalización de Esmeralda muestra que el feto había fallecido varios días antes del aborto, lo cual señalaría la naturaleza espontánea de la pérdida. Además, destaca que la Fiscalía exige a la menor el pago de una indemnización de 518 mil pesos a su agresor, tras considerar que éste posee “calidad jurídica” como progenitor para reclamar la reparación del daño.
Ante el caso, diversas voces en el ámbito nacional se han pronunciado, incluyendo a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien declaró que “no se debe criminalizar y menos a una niña de 14 años”. Sheinbaum destacó que su administración brindará apoyo legal a Esmeralda a través de la Secretaría de las Mujeres, encabezada por Citlalli Hernández, y recordó la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que declara inconstitucional la criminalización absoluta del aborto. A la par, Hernández solicitó una mesa de trabajo con el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, y representantes de la Fiscalía, para revisar el proceso.
El caso de Esmeralda evidencia las fallas en el acceso a derechos básicos para víctimas de violación en México, a pesar de que el aborto es legal para quienes enfrentan embarazos producto de agresión sexual. Adax Digitales reporta que Esmeralda no es la única en Querétaro en enfrentar un proceso penal en situaciones similares, y que existen al menos siete carpetas de investigación contra mujeres por abortos en la entidad, pese a la protección constitucional y la despenalización de facto establecida por la SCJN a nivel federal.
El proceso ha afectado severamente la vida de Esmeralda, quien permanece en prisión domiciliaria y ha sido excluida de la escuela por orden de una jueza, bajo solicitud de la Fiscalía. La comunidad y su entorno también han mostrado actitudes de rechazo hacia ella, sumando una capa más de estigmatización a la joven.
Para muchos, este caso plantea la urgente necesidad de revisar la actuación de las autoridades en Querétaro y la implementación de las garantías judiciales para menores en México, así como la aplicación uniforme de derechos humanos a nivel estatal.