Derecho a la legalidad: el más violentado en Colima

Colima, México, Avanzada (24/09/2024).- En el estado de Colima, el derecho a la legalidad se ha convertido en el más vulnerado de acuerdo con el informe semestral de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC). Con 227 denuncias registradas durante los primeros seis meses del año, esta cifra supera las violaciones a otros derechos fundamentales, como el derecho a la salud con 69 denuncias y el derecho al acceso al agua con 50 denuncias.

El derecho a la legalidad, pilar fundamental de cualquier estado de derecho, asegura que todas las acciones del gobierno y sus instituciones se ajusten a la ley. Protege a los individuos de decisiones arbitrarias, garantizando que ninguna autoridad pueda imponer sanciones o medidas sin fundamento legal.

Las denuncias muestran a la Fiscalía General del Estado como una de las instituciones más señaladas por estas violaciones, destacando una falta de celeridad y transparencia en la administración de justicia.

Además de las violaciones al derecho a la legalidad, Colima enfrenta un serio problema con el derecho al acceso al agua. Este derecho, reconocido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2010, es esencial para garantizar una vida digna. La Convención Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece que el agua debe ser accesible, segura y asequible para todos, algo que las cifras de la CDHEC indican que no siempre se cumple en la entidad, donde 50 quejas por problemas con el suministro de agua fueron registradas en el semestre.

El derecho a la salud también es otro de los más vulnerados en Colima. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), este derecho implica el acceso a servicios médicos adecuados, la atención oportuna y el disfrute del más alto nivel posible de bienestar físico y mental. En Colima, las 69 denuncias reflejan que el acceso a servicios de salud, en particular los proporcionados por instituciones como el IMSS y la Secretaría de Salud, no siempre cumple con estos estándares.

Entre las autoridades más señaladas por la violación de estos derechos están, además de la Fiscalía General, la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez (Ciapacov), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Secretaría de Salud y la Secretaría de Seguridad Pública.