¿Quién defenderá a nuestros jueces?

Estricto Derecho

Antes de responder esta pregunta, debo aclarar que la reforma judicial no pretende, ni va a lograr una mejor justicia. En estos días, he leído y escuchado con atención los reclamos de quienes sí la apoyan. Sin embargo, me apena decirles a esas personas, con todo respeto a lo que hayan vivido, que sus lamentables experiencias judiciales muy pocas veces fueron responsabilidad de la persona que juzgó su caso. 

Desafortunadamente, el conocimiento que tiene la ciudadanía sobre estos temas es escaso e incompleto, incluso dentro de la propia abogacía. Esta deficiencia ha sido convenientemente aprovechada por López Obrador y sus partidarios para culpar al Poder Judicial de la Federación de todos los males que aquejan a México. Y no es así. En la gran mayoría de las ocasiones, esas sentencias que luego son tachadas de injustas se debieron a actuaciones cuestionables de las fiscalías; a la limitada capacitación de las policías; a la falta de un instituto autónomo de servicios periciales en apoyo de quienes más lo necesitan; a abogadas y abogados que no están lo suficientemente preparados para llevar a cabo su trabajo (incluyendo muchos que defienden al propio gobierno), y que terminan afectando a quienes los contrataron por su incompetencia; e, incluso, en última instancia, a la insuficiente preparación que en muchas instituciones reciben quienes estudian la licenciatura en Derecho en nuestro país.

Nada de esto lo va a solucionar la reforma. Al contrario, será peor. No vamos a tener mejores jueces, no habrá juicios más rápidos, ni se dictarán sentencias más justas. La reforma solamente busca remover a todos los juzgadores de los poderes judiciales de nuestro país (principalmente a los federales), dado que son incómodos para la Cuarta Transformación por tres motivos: no aceptan someterse al control político, no aceptan órdenes del gobierno para resolver los asuntos en determinado sentido, y no han querido ser comparsa del actual partido en el poder. 

De aprobarse esta reforma, los jueces que resultasen electos, supuestamente por el pueblo, serían aquellos que el Ejecutivo y el Legislativo propusieran, porque ya se anunció que en la boleta se destacaría ese aspecto de esos candidatos en particular y, además, porque son los que recibirían, descaradamente, todo tipo de apoyos y ayudas para llegar a esos cargos, como acaba de suceder en las elecciones del pasado mes de junio. Esos jueces, en caso de asumir, jamás van a responder a los intereses del pueblo, ellos se dedicarán a seguir órdenes de quienes los propusieron y los apoyaron.

Así, lograrán hacer realidad el máximo anhelo del obradorismo: convertir a México en una dictadura disfrazada con ropajes republicanos, en la que todo el poder se concentrará nuevamente en una sola persona, como en los mejores tiempos del PRI. El Poder Judicial de la Federación, como antaño, volverá a estar sometido al poder político, y resolverá de acuerdo con lo que sea mejor para el gobierno. A partir de ese momento, cuando alguien acuda a un tribunal, no bastará que tenga la razón y lo demuestre; si no eres amigo, pariente o compadre de algún político de Morena, y la otra parte en el juicio sí lo es, de antemano sabremos cuál será el resultado. La justicia será una mercancía, una moneda de cambio, las sentencias se venderán al mejor postor. No nos extrañe que ahora esos nuevos jueces sean quienes reciban sobres amarillos con dinero, como le gusta a López Obrador, a sus familiares y colaboradores y, en general, a los políticos de Morena. 

Estos jueces del bienestar no van a resolver los juicios conforme a la ley o las pruebas. Estos nuevos jueces no tendrán independencia, ni autonomía. Estos jueces de tómbola jamás podrán tener criterio propio, porque el día que se atrevan a resolver algo en contra del gobierno, el inquisitorial Tribunal de Disciplina Judicial se encargará de castigarlos y, si los de Morena lo piden, hasta de destituirlos. Serán jueces de consigna, que nunca se preocuparán por emitir sentencias justas, sino sentencias populares que les permitan quedar bien con una mayoría fanatizada, aun cuando eso implique restringir e incluso desconocer derechos humanos de los cuales ahora gozamos. 

Un escenario como este, en el que no se respeten los derechos de las minorías, ¿a quién debería preocuparle? Pues precisamente a todas aquellas personas que forman parte de grupos en condiciones de vulnerabilidad a los que solamente se les hizo justicia cuando promovieron amparos y lograron que el Poder Judicial Federal los protegiera. 

En primer lugar, a las mujeres, porque en esta sociedad mayoritariamente machista, cuando se divorcien o luchen por pensiones o la custodia de sus hijos, a un juez del bienestar no le importará juzgarles con estereotipos de género con tal de mantener el apoyo popular. Igual pasará con la comunidad LGBT, porque gran parte de la sociedad tampoco está de acuerdo con el matrimonio igualitario, ni con la identidad de género, y menos con la adopción homoparental, y un juez electo popularmente tendrá que darles gusto a sus votantes. La misma suerte correrán las personas con discapacidad, los pueblos o comunidades indígenas o los adultos mayores, porque a la mayoría de la población no le importa si estos grupos hacen valer o no sus derechos y, debido a ello, no serán “electoralmente atractivos” para el juzgador. 

Y así, podemos continuar con la extensa relación de afectados por esta reforma: 

• Los periodistas, sobre todo quienes hacen investigación y evidencian la corrupción que impera en nuestro país y las mentiras que todos los días nos repiten, más ahora que tampoco habrá institutos de transparencia; 

• Los partidos políticos con ideología distinta al régimenmorenista, sobre todo aquellos militantes incómodos para quienes ostentarán el poder absoluto;

• Los burócratas que trabajan para los gobiernos federal, estatal y municipal, porque ya no podránganar, aunque tengan la razón, los juicios laborales que promuevan contra su patrón; 

• Los trabajadores de la iniciativa privada, quienes seguirán igual de desamparados como hasta ahora(ese aspecto para nada se está reformando), y peor si su patrón está bien relacionado con Morena; 

• Todos aquellos que pagamos impuestos o somosafectados por alguna decisión gubernamental, ya que ningún juez resolverá en contra de los intereses de quienes pueden removerlo del cargo; 

• Quienes han sido víctimas de un delito y les toca padecer la ineficiencia, la falta de capacidad y la incompetencia del Ministerio Público, porque nadie se atreverá a obligar al Fiscal a que cumpla con sus deberes, para “no molestarlo”;

• Aquellos a quienes las fiscalías les quieran fabricar un delito para privarles de su libertad y dejen de incomodar al gobierno, porque ningún juez querrá correr su mismo destino;

• Los estudiantes que luchan en los tribunales para hacer efectivo su derecho a la educación gratuita, porque no habrá jueces dispuestos a darles la razón, para que la gobernadora, el congreso estatal o el rector no presenten queja en su contra ante el Tribunal de Disciplina y les quiten su cargo; 

• Las personas enfermas y sus familiares, quienes se ven obligadas a promover amparos para que se les brinde, como en Dinamarca, la atención médica y los medicamentos que necesitan, porque su decisión estaría contrariando el discurso que todos los días repite la propaganda oficial; 

• Los pensionados y jubilados, y aquellos trabajadores que aspiran a serlo, así como sus viudas y huérfanos, a quienes no les quieren autorizar su pensión o tardan varios meses en hacerlo, o cuando lo hacen, el gobierno no les paga la cantidad a la que tienen derecho.

En fin, la lista sería interminable, pero podemos resumirla diciendo que no es difícil formar parte de ella, sobre todo para quienes aprecian su dignidad, para quienes les gusta tener voz y expresar lo que piensan, para quienes todavía tienen conciencia y, particularmente, en el caso del gremio de la abogacía, para quienes impugnamos decisiones arbitrarias de las autoridades que afectan a nuestros clientes (o a nosotros mismos). 

Todos estos grupos sociales debemos defender al Poder Judicial. Les pido que apoyen este reclamo legítimo. Estamos ante un escenario inédito, sumamente peligroso para México, porque la propia democracia, la esencia de nuestra República, está en riesgo. Les convoco, particularmente al gremio de la abogacía, para que actuemos con altura de miras, con generosidad, más allá de que en ocasiones, como han mencionado, han tenido fallos adversos del Poder Judicial Federal; hagan a un lado ese tipo de situaciones. Está en juego la extinción de uno de los tres poderes del Estado, el único contrapeso que queda antes de la dictadura. 

No podemos consentir esta decisión arbitraria. No podemos echar a la calle a miles de juzgadores; la inmensa mayoría son personas valiosas, honestas, capacitadas para desempeñar la elevada función de juzgar, que lograron sus cargos mediante concursos de oposición. No han cometido falta o delito alguno, es más, ni siquiera se les ha seguido un procedimiento en el que se les permita defenderse de las infundadas acusaciones expresadas en su contra. Confío en que nuestra sociedad hará una reflexión profunda sobre este tema y le pondrá un alto a esta arbitrariedad. Es cuánto. 

OTROSÍ 1. La reforma judicial no ha sido aprobada. El pasado 26 de agosto, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados solamente emitió el dictamen respectivo. Falta que éste se vote por mayoría calificada de ambas cámaras del Congreso de la Unión, así como por la mayoría de las legislaturas locales, para después ser publicada. Falta buen trecho por recorrer. Y del plato a la boca…

OTROSÍ 2. Ya despertó una parte del Poder Judicial del Estado. Aunque los magistrados y jueces locales también van a ser destituidos con la reforma judicial, eso no parecía afectarles. Al menos, hasta hace días, cuandocinco magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia se pronunciaron en contra. Lo extraño es que los jueces de primera instancia sigan sin hacer pública su postura, cuando la mayoría llegó al cargo precisamente por concursos de oposición, no por una designación arbitraria. ¿Acaso les habrá pedido el magistrado presidente, en las reuniones que los ha citado, que se abstengan de expresar su opinión? Ojalá sí se atrevan a hacer valer sus derechos. Nadie les regaló nada y, sin embargo, ahora les van a arrebatar todo. Y sin una justificación válida.