Gobernadora denuncia fraude financiero del sexenio pasado pero omite acciones legales

Colima, México, Avanzada (27/08/2024).- La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva afirmó que el gobierno anterior falseó información financiera para obtener una calificación crediticia favorable, lo que les permitió contratar créditos bancarios que, de otro modo, no habrían sido aprobados.

Según la mandataria, el gobierno de Peralta dejó de registrar diversos pasivos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), lo que mantuvo a la entidad con una falsa disponibilidad financiera y una calificación crediticia que no reflejaba la realidad económica del estado. Esta práctica, señaló Vizcaíno, se prolongó durante varios años, permitiendo a la administración pasada acceder a financiamiento bajo condiciones que no hubieran sido posibles de haberse reflejado correctamente la deuda.

En su primer año de gobierno, Vizcaíno explicó que se abocó a regularizar y registrar ante la SHCP la deuda acumulada, incluyendo los compromisos fiscales con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y otros acreedores. “Me pregunto en qué se gastaban el dinero en el sexenio anterior”, dijo la gobernadora, insinuando que los fondos obtenidos a través de estos créditos no se utilizaron de manera adecuada, ya que se dejaron de pagar aportaciones de coparticipación a programas federales, a los trabajadores, y al propio ISR.

Vizcaíno subrayó que la situación financiera del estado durante el sexenio pasado fue un “desastre” que su administración ha trabajado arduamente para corregir. Aseguró que, a diferencia de lo que ocurrió bajo la gestión de Peralta, Colima ahora cuenta con una calificación crediticia sincera y transparente, que refleja fielmente la situación económica del estado.

Sin embargo, las declaraciones de la gobernadora contrastan con la falta de acciones concretas para fincar responsabilidades legales a Ignacio Peralta y a otros funcionarios de su administración. Según la Ley de Disciplina Financiera, los servidores públicos que causen daño a la hacienda pública pueden ser obligados a pagar indemnizaciones y enfrentar sanciones que, incluso, podrían ser de carácter penal.

El artículo 62 de esta ley establece que las responsabilidades se impondrán a quienes directamente hayan ejecutado los actos irregulares o incurrido en omisiones, así como a aquellos que, por la naturaleza de sus funciones, hayan omitido la revisión o autorizado dichos actos. Además, los artículos 63 y 64 detallan que las sanciones pueden convertirse en créditos fiscales y que las conductas sancionables podrían implicar responsabilidades penales.

Pese a las duras críticas de Vizcaíno hacia la gestión financiera del gobierno anterior, no se han tomado medidas legales visibles contra Peralta Sánchez. Este contraste entre las declaraciones públicas de la gobernadora y la falta de acciones para responsabilizar al exgobernador ha generado cuestionamientos sobre la voluntad política de avanzar en la rendición de cuentas.