Colima, México, Avanzada (26/08/2024).- Un grupo de magistrados colimenses advirtió que la reforma al poder judicial federal, propuesta por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, “politizará” la impartición de justicia, por lo que rechazaron la iniciativa.
Entre las voces que se manifestaron en contra, se encuentra los magistrados, Sergio Marcelino Bravo Sandoval, exdiputado local priista y Bernardo Salazar, cercano al exgobernador, Ignacio Peralta Sánchez.
En su primer posicionamiento público en solidaridad con sus colegas del Poder Judicial federal, cinco magistrados locales refirieron que, en cualquier análisis, la reforma propuesta es perjudicial porque compromete la imparcialidad de las decisiones judiciales.
Expusieron que dicha enmienda, que se discutirá en septiembre próximo, los ciudadanos serían los más afectados, porque estaría comprometida la impartición de la justicia, ya que a los cargos llegarían las personas más populares y no los expertos en derecho.
También destacaron que al reducir de once a nueve el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia afectaría la eficiencia y la calidad de la justicia generando retrasos que terminen perjudicando a la ciudadanía, ya que la sobrecarga de trabajo sería insostenible.
Cuestionaron la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial, por considerar que se corre el riesgo de utilizar esta dependencia para controlar políticamente las decisiones de los jueces, “lo que erosionaría la independencia del poder judicial y crearía un ambiente de temor e incertidumbre”.
Por su parte, el presidente, Andrés Manuel López Obrador ha sostenido que el Poder Judicial está distanciado completamente de la gente lo que ha permitido el incremento de la impunidad, la falta de justicia y la poca confianza en los tribunales. En periódico El Economista resumen en cinco puntos la propuesta presidencial, la cual se describe a continuación:
1. Reducción y reorganización de la Suprema Corte: La propuesta contempla reducir el número de ministros en la SCJN de 11 a nueve, con una duración en el cargo de 12 años, tres años menos que el periodo actual. Además, se plantea la eliminación de las dos salas en las que actualmente se divide la Corte, centralizando su operación en sesiones plenarias, las cuales serán públicas, eliminando así la posibilidad de sesiones secretas. Para aprobar sentencias, se requerirá el consenso de seis votos.
En términos salariales, se estipula que las remuneraciones de los ministros y jueces no podrán exceder el sueldo del presidente de la República.
2. Elección Popular de Ministros y Jueces: Se propone un mecanismo de elección popular para designar a los ministros, magistrados y jueces de distrito. Estas elecciones se llevarían a cabo cada tres años, coincidiendo con las elecciones federales. Los candidatos serían propuestos en partes iguales por el Poder Ejecutivo, el Congreso de la Unión y el Poder Judicial.
3. Creación de Nuevos Órganos Regulatorios: El Consejo de la Judicatura Federal sería reemplazado por dos nuevos órganos: uno dedicado a la administración del sistema judicial y otro enfocado en la disciplina de jueces y magistrados. Estos órganos tendrían la autoridad de supervisar también a la SCJN, y cualquier persona o autoridad podría presentar denuncias contra miembros del Poder Judicial.
4. Plazos Máximos para Resolución de Conflictos: La reforma establece que las controversias judiciales deben ser resueltas en un máximo de seis meses. Si no se cumple este plazo, el Tribunal de Disciplina investigará las causas de la demora.
5. Replicación del Sistema en Todo el País: Se propone que las entidades federativas adapten su legislación local para asegurar la independencia de jueces y magistrados, quienes también serían elegidos por voto popular. Los estados tendrían un plazo de 180 días para implementar estos cambios tras la promulgación de la reforma.
MARCHA EN DEFENSA DEL PODER JUDICIAL
Este domingo, trabajadores, sus familias y algunos ciudadanos marcharon por el centro de la ciudad de Colima para exigir respeto a su autonomía y no aprobar la reforma al Poder Judicial como lo propone la iniciativa presidencial.