Desde 2021, Fiscalía Anticorrupción investiga a Locho por desvío de cuotas de trabajadores

Colima, México, Avanzada (26/02/2024).- Desde octubre de 2021, la Fiscalía Anticorrupción tiene abierta una investigación en contra del actual precandidato de Morena a la diputación federal del Primer Distrito, Leoncio Morán Sánchez por el desvío de 50 millones de pesos de cuotas de los trabajadores municipales.

La denuncia la interpuso el dirigente de uno de los sindicatos del Ayuntamiento de Colima, Héctor Arturo León Alam en marzo de 2021 y quedó registrada bajo la carpeta de investigación 21/2021. La ratificación de la querella la realizó el 26 de octubre de 2021. Al actual precandidato se le acusa del desvío de 51 millones de pesos correspondientes a las cuotas y aportaciones de los trabajadores del municipio, las cuales debieron.

El 26 de octubre de 2021, León Alam r4ealtó que durante el gobierno municipal de Leoncio Morán Sánchez en la capital de Colima, la tesorería le descontaba a los trabajadores el porcentaje correspondiente a las cuotas y aportaciones para el Instituto de Pensiones, pero el municipio no entregó el dinero a la dependencia, lo que causó afectaciones a los empleados de la administración municipal, a quienes incluso les fueron suspendidos los préstamos personales por dicho adeudo.

Leoncio Morán Sánchez fue alcalde de Colima en dos trienios; el primero de ellos bajo las siglas del PAN en el 2003-2006 y el segundo bajo el cobijo de Movimiento Ciudadano en el 2018-2021. Sin embargo, hasta el momento la Fiscalía Anticorrupción no ha anunciado avances sobre la investigación en contra de Leoncio Morán Sánchez, aunque el pasado jueves informó que solicitó la vinculación a proceso de la alcaldesa de Villa de Álvarez, Yulenni Cortés a quien acusa de peculado en perjuicio de los trabajadores sindicalizados.

Desde el 19 de febrero de 2019 es un delito en Colima el retener las cuotas de los trabajadores de una entidad pública y omitir destinarlas al fin para el que estaban previstas.

El 21 de diciembre de 2018, los diputados locales adicionaron el artículo 233 BIS del Código Penal del Estado para establecer que el servidor público tiene un periodo máximo de dos meses para entregar las cuotas de los empleados a partir de la fecha en la que hizo el descuento.

De no hacerlo, entonces se estaría incurriendo en un delito. El artículo 233 BIS menciona que la pena mínima sería: “de cuatro  a ocho años de prisión cuando el valor del detrimento patrimonial sea de una hasta un importe equivalente de dos mil unidades de medida y actualización”.