Castigo a los malos funcionarios… Sí es posible

Escribe Claudia Gabriela Aguirre Luna.

Alas de transformación

La semana pasada fue detenido el ex alcalde de Cuernavaca, Morelos, Antonio Villalobos Adán  por los delitos de ejercicio abusivo de funciones y peculado, por un desvío de más de nueve millones de pesos que corresponden a los cuotas y cobros de trabajadores del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (Sapac) que no fueron enterados al Instituto de Crédito Estatal. Lo que constituye un claro ejemplo de que si es posible sancionar a los malos funcionarios cuando la justicia es imparcial.

Aunque la orden de aprehensión solo es preventiva, el sistema de justicia penal está avanzando en la resolución de dicho tema, de acuerdo con las etapas del juicio, en el Estado de Morelos.

Lamentablemente en el Estado de Colima las cosas parecen que no caminan y que la impunidad seguirá siendo el sello del Gobierno, pues ha sido poco o nulo los avances que la fiscalía anticorrupción ha tenido en grandes temas, muy similares por cierto al acontecido en Cuernavaca, Morelos, pues como muchos de Ustedes recordaran desde hace varios años se han presentado denuncias contra el Exalcalde Leoncio Morán por el desvió de las aportaciones que el municipio capitalino debía entregar al Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima (IPECOL), conducta que se encuentra debidamente tipificada en el Código Penal que señala:

“ARTÍCULO 233 BIS. Al servidor público que descuente o retenga cuotas, o aportaciones a los empleados de una Entidad Pública, y omita destinarlas al fin para el que estaban previstas de conformidad con las leyes y demás disposiciones jurídicas o estatutarias aplicables, o los aplique a fin distinto al establecido por las mismas, se le impondrán de cuatro a ocho años de prisión cuando el valor del detrimento patrimonial sea de hasta un importe equivalente de dos mil unidades de medida y actualización, de seis a doce años de prisión cuando dicho monto exceda de un importe equivalente de dos mil pero no de cuatro mil unidades de medida y actualización, y de ocho a quince años de prisión cuando el mencionado monto o daño patrimonial causado excede de un importe equivalente a cuatro mil unidades de medida y actualización. Si las leyes y demás disposiciones jurídicas o estatutarias aplicables, no establecieren un término para enterar las cuotas o aportaciones, tal entrega deberá efectuarse en un plazo máximo de dos meses a partir de la fecha en que se hizo el descuento o retención, para no incurrir en la conducta delictiva señalada. Además, a los responsables de este delito se les impondrá privación para ejercer funciones públicas y una multa por un importe equivalente de trescientas a mil unidades de medida y actualización. Cuando se configuren los supuestos previstos en los párrafos anteriores, si el servidor público reintegra la totalidad de las cuotas, aportaciones antes de concluir el ejercicio fiscal correspondiente en que tenían que ser aplicados, se le impondrá pena de prisión de uno a cuatro años, inhabilitación para ejercer cargos, empleos o comisiones en el servicio público por un término de tres a seis años, y multa de trescientas a quinientas unidades de medida y actualización.”

En la misma situación se encuentra el Gobierno del Estado cuya administración anterior encabezada por José Ignacio Peralta Sánchez tampoco entregó las cantidades descontadas a los trabajadores al IPECOL.

Incluso lo más triste es que la nueva administración que encabeza la Gobernadora Indira Vizcaíno, no le ha exigido al IPECOL interponga las denuncias correspondientes… ¿Estará dispuesta a pagar los platos rotos de la administración peraltista?

Es increíble que siga habiendo impunidad, que las personas que tienen poder puedan desviar el dinero de los trabajadores y salirse con la suya, por eso noticias como la aprehensión del ex alcalde de Morelos y otros 2 regidores deben de celebrarse, ya basta de saquear a su mismo pueblo, a la gente que confió en ellos.

¿Y en Colima cuándo celebraremos?